El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) condenó en 2014 a España por no proteger a González y a su hija Andrea, de siete años, a la que el exmarido de Ángela asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación.

La mujer había denunciado 30 veces a su expareja por amenazas y agresiones y se opuso a que viera a la niña sin vigilancia. Pero a día de hoy, el Gobierno ha desoído el requerimiento de la ONU.

“Agradezco al defensor del Pueblo que me reciba, porque supone para mí un mensaje de apoyo para seguir exigiendo justicia. No puedo decir lo mismo del Gobierno, de quien aún no he obtenido ni siquiera una disculpa por el asesinato de mi hija. Pero seguiré en la lucha, por mí y por todas las mujeres que se enfrentan ahora a la situación que yo viví”, explica Ángela González.

“Si el Estado no cumple con lo que le pide la ONU, con quien ha firmado y ratificado tratados internacionales, ¿cómo podemos creer que está escuchando las voces de las madres que temen por sus vidas y por las vidas de sus hijos e hijas?”, lamenta Ángela.

Según datos oficiales, desde 2014, año en el que se pronunció el Comité Cedaw, 15 niños y niñas han sido asesinados por maltratadores. En lo que va de año, han sido asesinados 6 menores.

“El Gobierno ya le ha respondido a Ángela y le ha dicho que no tiene intención de cumplir con el dictamen porque las decisiones de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes para España. Ni siquiera se ha dignado a dirigirle una disculpa pública ni quiere investigar qué fue lo que falló en el sistema de protección para que después de decenas de denuncias su hija fuera asesinada”, afirma Gema Fernández, abogada de Women’s Link, la entidad que promovió la actuación de la ONU. En la actualidad, el caso de Ángela se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.