Recorte gasto. Los sindicatos madrileños acusan al Gobierno de criminalizar a los empleados públicos

MADRID
SERVIMEDIA

Los sindicatos madrileños, durante la exposición este martes del manifiesto de apoyo a los empleados públicos con motivo de la huelga prevista para el día 8 de junio, acusaron al Gobierno de criminalizar a los empleados públicos ya que "al cargar sobre ellos la responsabilidad de asumir estas medidas se les está haciendo culpables de la recesión económica".

En una rueda de prensa conjunta, a la que también asistieron representantes de varias organizaciones sindicales y agrupaciones profesionales que apoyan las reivindicaciones de los empleados públicos, los responsables del área de la Función Pública de CCOO, UGT, CSI-F y CSIT, coincidieron en que el recorte del gasto público "está atacando al eslabón más débil de la cadena, el trabajador".

Así, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Madrid, Juan Antonio Olmos, animó al colectivo de trabajadores públicos a secundar la huelga del día 8 de junio puesto que "esta decisión unilateral, además de agredir a los empleados públicos y a otros colectivos no menos importantes, como pensionistas o desempleados, no va a corregir los déficit".

Además, el portavoz de CCOO-Madrid aseguró que "hay otras medidas más importantes que deberían adoptarse y que no tienen que ver con los gastos sino con los ingresos; por ejemplo, la lucha contra el fraude y la economía sumergida, o la reforma de las entidades financieras".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Madrid, Fernando Sánchez, declaró que "es injusto que este colectivo se vea sometido a través de una justificación que ralla en el fascismo sociológico", y recalcó el hecho de que "el concepto de funcionario se utiliza con frecuencia de un modo peyorativo, sin tener en cuenta que los empleados públicos son los médicos, jueces, policías, bomberos y educadores. Los que barren nuestras calles y recogen la basura".

En esta línea, el responsable de Negociación Colectiva de CSI-F, Juan Carlos Martínez, afirmó que "el Gobierno está intentando enfrentar a la sociedad española con los empleados públicos" y mostró su apoyo a este colectivo al declarar que "no vamos a tolerar que estos sean presentados como los culpables de esta crisis".

Por último, la secretaria del Área de Administración Autonómica de CSIT Unión Profesional, Esmeralda Mingo, respaldó el mismo discurso, y aseguró que "el empleado público es un ciudadano como cualquier otro. No es un ciudadano de segunda y por eso, queremos que los demás ciudadanos nos vean como personas que somos y que contribuimos a pagarnos a nosotros mismos nuestro salario", además, pidió "que se nos reconozcan los mismos derechos y deberes que a cualquier otro ciudadano. No tenemos por qué tener ningún estigma. Pedimos a la ciudadanía que nos entienda y que nos trate con dignidad y con respeto".

(SERVIMEDIA)
01 Jun 2010
MOH/lmb