El motivo ha sido que la legislación aprobada en dichas autonomías es contraria a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, señaló este miércoles la Comisión en un comunicado.

La CNMC recordó que está legitimada para impugnar ante los tribunales las disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

Entre los obstáculos “injustificados” impuestos por la norma de Galicia destacan la obligatoriedad de ceder la vivienda en su totalidad, la limitación del alquiler a tres meses, la exigencia de un catálogo de requisitos técnicos y servicios mínimos a incluir en el alquiler (apartamentos y viviendas turísticas).

También el que los ayuntamientos puedan limitar el número de viviendas, la prohibición de cesión de habitaciones, la imposición de cargas a la declaración responsable y la obligatoriedad de contar con unos requisitos y servicios mínimos (viviendas de uso turístico).

En el caso de Castilla y León, se solicita al tribunal que elimine por “injustificados y perjudiciales” a la competencia, por ejemplo, la inclusión de los precios en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos, y la posible intervención de la Administración para realizar recomendaciones de precios que pueden ser empleados como precios de referencia.