Según informó Gorka Maneiro, diputado de UPyD en la Cámara vasca, el decreto que cuestiona es el 123/2008, sobre "Derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias".

Maneiro explicó que este decreto fue aprobado por el Gobierno de Juan José Ibarretxe y, según el diputado de UPyD, "supone un ataque a la libertad, una intolerable injerencia de Gobierno en el ámbito privado de las personas, contrario a los más elementales principios de la libertad individual y de empresa".

Por esta razón, UPyD ha presentado en el Parlamento vasco una iniciativa parlamentaria en la que se exige la "derogación inmediata" de este decreto.

Según Maneiro, de entrar en vigor el decreto, las empresas y establecimientos comerciales allí regulados (empresas de telecomunicaciones, de transporte, de energía, financieras y establecimientos comerciales abiertos al público de cierto tamaño) estarán obligados a rotular todos los carteles, letreros públicos y papelería en euskera.

Además, las empresas afectadas deberán cumplir con las obligaciones lingüísticas en euskera en la información oral destinadas a una pluralidad de personas.