La Mesa, con mayoría de ambos grupos que traduce la que tienen en el Pleno del Parlamento, rechazó ayer incluir ambos puntos en el orden del día del pleno que se celebra este miércoles y jueves, pero previsiblemente porque se reservan la prerrogativa que les concede el artículo 81.3 del Reglamento de la Cámara de introducirlo de urgencia aunque ya haya comenzado la sesión.

Pese a que ambas iniciativas ya están registradas en el Parlamento, la Mesa rechazó admitirlas a trámite como puntos ordinarios del orden del día, como solicitaron el resto de grupos (Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que Es Pot y PP), pero Junts pel Sí y la CUP siempre podrán introducirlas de urgencia amparándose en la mayoría que ostentan y que les permite tanto solicitar una reunión extraordinaria de dicho órgano como aprobar en ella su tramitación.

Dicha tramitación de urgencia evitaría que los grupos de la oposición pudieran presentar enmiendas y también solicitar un informe consultivo al Consell de Garanties Estatutaries, que ralentizarían hasta un mes la aprobación definitiva de ambas leyes.

Sin la ley del referéndum ni la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional aprobadas para el 1 de octubre, el Gobierno de la Generalitat no podría celebrar esa fecha el anunciado referéndum sobre la independencia de Cataluña.

A la espera de los grupos independentistas soliciten la reunión extraordinaria de la Mesa, el pleno se iniciará a las 10.00 horas con las preguntas habituales de la sesión de control al Ejecutivo autonómico, primero a los consejeros y luego al presidente del mismo, Carles Puigdemont.

Entre las preguntas a los consejeros, destaca una del PP sobre la gestión de la comunicación de los atentados de Barcelona y Cambrils; y, entre las tramitaciones ordinarias, se aprobará la creación de la Agencia Catalana de Protección Social y se votarán las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre la llamada 'Operación Cataluña' supuestamente orquestada por el Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz para tratar de incriminar a políticos independentistas.