Esta iniciativa coincide con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra hoy. “Con esta campaña queremos recordar que la desaparición forzada no es un hecho puntual, la desaparición forzada en la medida en que no hay una respuesta para las familias se prolonga en el tiempo de manera permanente hasta que no se sepa qué pasó con sus seres queridos”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía pregunta a la opinión pública qué pasaría si en la serie favorita de cada ciudadano no formara parte uno de los personajes clave. Además, pretende sumar más apoyos a las más de 189.000 firmas registradas en la web ‘www.es.amnesty.org/justicia/’ para recordar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que los casos de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo siguen estando vigentes en la actualidad.

En este sentido, reclamó a Catalá que impulse las invstigaciones necesarias para aclarar el paradero de esas personas. “La ausencia de una persona dentro de una familia afecta enormemente a todos sus miembros hasta que no hay una respuesta clara sobre cuál ha sido la suerte que ha corrido su familiar”, añadió.

Amnistía subrayó que “en España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”. “De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas”, añadió.

ONU Y CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos en ese periodo. Así, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas se mostró preocupado en 2013 por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar estos crímenes, e instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, así como a eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir dichas investigaciones.

El pasado mes de mayo, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno que cumpliera con las recomendaciones de esos organismos internacionales, entre otros aspectos, asumiendo las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada.

En 2010, víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina, iniciándose así una investigación que se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. “Hasta ahora, España no ha colaborado con la justicia argentina. En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini de Cubría interrogue a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos”, apuntó Amnistía.

SIRIA Y MÉXICO

Uno de los casos en los que trabaja Amnistía Internacional es el de Antonio Narváez, de 83 años e hijo de desaparecidos en España en 1936. “Tenía tres años cuando ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre le habían matado un mes antes, fue de los primeros que cayeron en Marchena, y hoy sigue enterrado en una fosa”, apunta Antonio.

La madre de Antonio Narváez no figura en ningún listado como víctima o fallecida. Antonio tiene 83 años y sigue pidiendo justicia. “A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno, lo que no tuvieron en su día”, destaca.

Además de España, la campaña de Amnistía Internacional pone el foco en la desaparición forzada en otros países, como Siria o México. Esta organización apuntó que se trata de un delito de derecho internacional y que muchas de esas personas nunca son puestas en libertad y no llega a conocerse qué ocurrió con ellas.

Los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (junio 2016) señalan que desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 Estados. Los países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Iraq (16.560), Sri Lanka (12.349), Argentina (3.446), Argelia (3.168), Guatemala (3.154), Perú (3.006), El Salvador (2.673) y Colombia (1.260).