En declaraciones a Servimedia, Besteiro destacó que el juzgado ha dado esta orden a Rivas bajo la advertencia de que, en caso de no entregar a los niños, se adoptarán “medidas cautelares”.

Además, la presidenta de la FMP tildó de “excesivo” que el auto pida tomar declaración como investigadas a la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y a la psicóloga del mismo centro, Teresa Sanz.

“Es como si se quisiese presionar a Juana a través de ellas”, afirmó Besteiro. En su opinión, “estamos ante una nueva muestra de cómo la opinión pública va por un lado y el rigorismo de la justicia, por otro”.

Según la presidenta de la FMP, "no es derecibo" que se obligue a una mujer a entregar a sus hijos a un maltratador, al tiempo que subrayó que, según la legislación actual en España, "los propios niños son víctimas directas de la violencia”, ya que existe una condena firme contra su padre por maltrato.

Besteiro aseguró que “lo único que pretende Juana es proteger a sus hijos”, por lo que, bajo esta perspectiva, “es coherente y entendible” que no los entregue.