Así lo pusieron de manifiesto, en rueda de prensa conjunta, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló; el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la reunión de la Junta de Seguridad de Barcelona.

En ese sentido, Milló puso de manifiesto que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña han estado en contacto “desde el primer minuto” tras los atentados.

De este modo, quiso salir al paso de las críticas vertidas por la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), organizaciones mayoritarias en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que denunciaron "la exclusión y aislamiento" que consideran han sufrido ambos cuerpos durante la investigación y la gestión de los atentados perpetrados en Cataluña.

"Una vez más, la debilidad de las instituciones y de los responsables políticos de nuestro país ha provocado que la experiencia y la estructura a nivel nacional presentes en la Policía Nacional y en la Guardia Civil en el ámbito de la lucha antiterrorista haya sido marginada de forma dolosa en la investigación", censuraron ambos colectivos.

Milló defendió que la colaboración en materia antiterrorista del Gobierno y la Generalitat “se ha mantenido en el tiempo y continuará en el tiempo. Esta colaboración y cooperación no es nueva y viene de muchos años atrás”.

Esto le permitió destacar que desde el 15 de junio de 2015 -cuando se pusieron en marcha las medidas correspondientes al nivel 4 de alerta antiterrorista- se han producido 80 detenciones en Cataluña y 230 en el conjunto de España vinculadas al yihadismo.

“Esto es fruto de la colaboración. Esto ha contribuido a impedir la comisión de otros atentados en España. Esto es encomiable y se va a seguir haciendo en el futuro”, aseveró.

A su vez, defendió el “trabajo excelente” de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d`Esquadra y comentó la “presencia permanente” de miembros del Gobierno, empezando por su presidente, Mariano Rajoy, en Cataluña tras los atentados.

También subrayó la “intensa colaboración” que se ha mantenido con gobiernos de otros países, habida cuenta de que hay personas de 34 nacionalidades entre las víctimas de los atentados.

BOLARDOS

Por su parte, Forn dijo comprender la “polémica” que se ha generado acerca de la conveniencia de instalar bolardos y obstáculos en las calles con mayor concurrencia de personas para evitar atropellos masivos.

No obstante, dejó claro que “en ningún momento” hubo discrepancias en la Junta de Seguridad sobre esta cuestión, ya que las administraciones actúan teniendo en cuenta las opiniones de los expertos en materia de seguridad.

Tras asegurar que “hacer cosas por hacerlas no es lo mejor”, explicó que ahora “nos inclinamos por la instalación de obstáculos de tipo móvil” como elemento disuasorio para los vehículos.

Comentó que en los atentados del jueves “la barrera no habría impedido absolutamente nada” y dijo que se va a aumentar un 10% la dotación destinada a protección ciudadana y otro 10% aquella que tiene como objetivo preservar el orden público.