Es cierto que las autonomías gobernadas por el PP han pedido en el pleno del Consejo Interterritorial de este lunes la retirada de los decretos que desarrollarán la ley del aborto, pero "haciendo uso de la prerrogativa que me corresponde como presidenta de este órgano, he dicho que no", informó la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión celebrada con las CCAA.

Por lo tanto, aseguró, el trámite de los decretos que desarrollarán la norma y que regularán, entre otros aspectos la interrupción del embarazo de las chicas de 16 y 17 años, seguirá con el calendario previsto para que el próximo 5 de julio, cuando tenga que entrar en vigor la norma, estén ya listos.

INCONSTITUCIONALIDAD

Con respecto a la presentación, prevista para este martes, de un recurso de inconstitucionalidad a la norma por parte del Partido Popular, Jiménez señaló que lo respeta, pero que no lo comparte "en absoluto", pues, a su parecer, el PP se opone a algo que no se está tratando, como es el hecho de que haya abortos.

"No veo la razón por la que (los populares) se han opuesto (a la ley), teniendo en cuenta que cuando gobernaron mantuvieron la norma anterior", que también permitía el aborto, subrayó la titular de Sanidad.

En cuanto al modelo de aborto que se plantea estudiar Cataluña, basado en la interrupción del embarazo mediante fármacos durante las primeras siete semanas de la gestación, la ministra eludió pronunciars hasta que la idea se concrete.

LOS DECRETOS

Uno de los decretos vistos este lunes en el Interterritorial de Salud se ocupa de los aspectos más procedimentales de la ley y persigue el doble objetivo de regular, por un lado, los comités clínicos encargados de confirmar el diagnóstico de las enfermedades extremadamente graves e incurables del feto y, por otro, los aspectos relativos a la prestación del consentimiento de la mujer que haya solicitado la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo se regula de modo específico el consentimiento informado de las mujeres de 16 y 17 años y la información a sus representantes legales. En los supuestos en los que la ley prevé que se puede prescindir de la información a estos representantes, el médico encargado de la práctica de la interrupción del embarazo podrá solicitar un informe psicológico o de un profesional de trabajo social.

El segundo de los textos presentados al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo, de manera que se garantice a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan.

El proyecto concreta las garantías básicas de la prestación, entre las que aparece la obligación que tendrán los servicios de salud de indicar en un plazo de diez días naturales desde que la mujer presenta su solicitud en qué centro se le facilitará la prestación.

Asimismo, la norma regula las condiciones de acreditación de centros para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (tipo de instalaciones, equipamiento, etc.) y para la emisión de dictámenes preceptivos que se exigen en los supuestos de interrupción por causas médicas.

Además, se establece un plazo de tres meses para que los centros actualmente acreditados puedan adecuarse a las condiciones expresadas en la nueva regulación.