El escrito, registrado este jueves, va dirigido a los grupos parlamentarios y sus términos son genéricos, sin referirse de forma explícita a la Fundación Francisco Franco.

El portavoz de la ARMH, Bonifacio Sánchez, explicó que pretenden impedir ese comportamiento por parte de cualquier fundación, sea la que sea.

Explicó, además, que la situación del Pazo de Meirás, gestionado por esa fundación y donde denuncian que los visitantes reciben una información distorsionada de la figura de Francisco Franco, es ahora la "punta de lanza" de un problema que se remonta muy atrás en el tiempo y que tiene otros flancos.

En su escrito, la ARMH recuerda que la protección y la Declaración de los Derechos Humanos es una de las grandes conquistas que han hecho las sociedades democráticas, y que es deber de los Estados proteger, fomentar, difundir y garantizar los derechos humanos, así como su conocimiento y cumplimiento. "También lo es la persecución y condena de quienes actúen contra ellos, difundan su vulneración o traten de enaltecer y ensalzar a quienes los han violado de manera flagrante", aadvierten.

Subrayan que la actividad de las fundaciones tiene en la legislación española una protección especial por parte de las administraciones públicas, y algunos beneficios como el hecho de que las donaciones desgraven impuestos, "una subvención indirecta" y "un agravante" en el caso de las que no respetan los límites establecidos por la protección de los derechos humanos.

Solicitan por ello, "como muestra de fortalecimiento y afirmación democrática", que la ley que regula el funcionamiento de las fundaciones impida explícitamente la actividad de cualquier fundación que actúe o realice campañas de difusión contra los derechos humanos o que ensalce, enaltezca o trate de convertir en referente moral la figura de personas que hayan cometido violaciones de esos derechos humanos.

Sánchez explicó que buscan "normalizar una situación a todas lunes anómala desde hace muchos años", y dejó claro que una vez presentada la petición son los grupos parlamentarios los que tienen la capacidad de iniciativa para presentar una propuesta de reforma de la ley.

Denunció, preguntado expresamente, que la Fundación Francisco Franco hace declaraciones en las que "constantemente" niega los crímenes cometidos durante la dictadura e incluso niega legitimidad a las víctimas para reclamar sus derechos.

En su opinión, en España sigue existiendo un franquismo "real" que además va "sacando pecho" de su pasado, y que en una sociedad democrática debería ser "ilegal" y "perseguido" en aplicación de la legislación que protege los derechos humanos.

Considera que es necesario frenar con "mano firme" algunos comportamientos, y en muchos casos no se puede hacer porque falta concreción en la ley, que es lo que pretenden aportar con la reforma que proponen.