La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, presidida por Ramón Trillo, ha desestimado el recurso de la ex jueza y han confirmado su expulsión de la carrera judicial. Para los magistrados, el comportamiento de Pilo Gutiérrez “demuestra una clara falta de aptitud o idoneidad para el desempeño de las funciones del cargo”, según recoge la sentencia dictada por el Alto Tribunal.

Los incidentes tuvieron lugar entre enero y abril de 2008. Pilo Gutiérrez, que ejercía como jueza sustituta en la provincia de Barcelona desde el año 2006, había sido destinada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Martorell, localidad en la que se acababan de desplegar los Mossos D’Esquadra.

Según el escrito de queja interpuesto en mayo de 2008 por el inspector jefe de los Mossos de Martorell, la jueza faltaba al respeto habitualmente a los agentes del cuerpo autonómico y era constantes los gritos y las descalificaciones. En una ocasión, espetó a los agentes que siempre estaban “con las mismas tonterías” y que eran “unos incompetentes”.

Las quejas de los agentes autonómicos sobre el comportamiento de Pilo Gutiérrez fueron ratificadas por la jueza decana de Martorell y por la secretaria judicial del juzgado, quien había presenciado una de las broncas de la jueza a un mosso d’esquadra.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acabó abriendo una investigación a raíz de las quejas. En su defensa, la jueza alegó que los incidentes solo habían tenido lugar con la policía autonómica, sin que constasen problemas con la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Guardia Urbana.

Finalmente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió en septiembre de 2008 expulsar a Pilo Gutiérrez de la carrera judicial por haber incurrido en una falta grave consideración para con funcionarios de la policía.

Los magistrados del Tribunal Supremo han decidido confirmar la sanción al concluir la actitud y las palabras que la jueza dirigía a los oficiales y agentes de la policía catalana tenían “una inequívoca connotación de grave falta de respeto”.

“La utilización habitual de gritos para dirigirse a otra persona ya es contraria a las pautas normales de una convivencia educada entre particulares”, señala la sentencia, para añadir que, además, “es abiertamente incompatible con el ejercicio de cualquier clase de poder público en una sociedad civilizada”.