En el informe, presentado por Lamela en el Consejo de Gobierno de hoy, 56 de los 169 pacientes cuyas historias clínicas fueron analizadas por los expertos designados por la Consejería de Sanidad no recibieron ningún tipo de sedación, mientras que 113 sí fueron sedados.

Cuatro casos no han sido evaluados, al no disponer información al respecto, por lo que quedan 109 casos. Respecto a éstos, el informe concluye que en 70 pacientes la sedación estaba indicada y en 39 no.

El informe indica que en 34 de los 70 casos en los que la sedación estaba indicada, la que se suministró se considera inadecuada, debido a que los fármacos o las dosis suministradas no eran los apropiados.

Lamela explicó que en 4 de los 39 casos en los que la sedación no estaba indicada, "además estaba expresamente contraindicada". La principal conclusión del informe, según Lamela, es que en las sedaciones inadecuadas, no indicadas o contraindicadas -en total, 73 casos-, "existe una relación directa entre el fallecimiento y el empleo inadecuado de fármacos".

Además, indicó que el informe, aprobado por unanimidad de los seis integrantes del grupo de expertos, reseña "importantes irregularidades en los consentimientos inadecuados", al haberse incumplido la legislación vigente. En concreto, en 36 casos no hubo consentimiento informado ni se siguieron las recomendaciones del protocolo de sedación establecido por el Severo Ochoa.

Destacó que estos 73 casos se concentran en "un reducidísimo número de profesionales que cabe en los dedos de una mano", e informó de que ha dado traslado del informe al juez, al que ha solicitado que se mantenga el secreto del sumario y tome medidas cautelares al respecto si lo considera conveniente.