Así consta en una proposición de ley orgánica registrada este viernes en la Cámara Baja y en la que CiU propone también que “la declaración de inconstitucionalidad total o parcial de las leyes orgánicas de aprobación o reforma de los estatutos de autonomía requerirá el voto a favor de al menos ocho de los miembros del Tribunal Constitucional”.

Además, como ya hiciera el pasado mes de febrero, vuelve a proponer que, una vez finalizado el correspondiente mandato de cada miembro del Alto Tribunal, se establezca un periodo máximo en funciones de seis meses para los mismos. Concluido éste, cesarían “automáticamente”.

La propuesta de CiU persigue dos objetivos, “acelerar” la renovación del Constitucional, para evitar su “larga precariedad institucional”, y compatibilizar la función del Alto Tribunal con la protección de los pueblos de España, “sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, como establece el preámbulo de la Constitución Española.

CiU señala que limitar el periodo en funciones de los magistrados del Alto Tribunal “contribuiría, sin ninguna duda, a provocar la debida renovación de las plazas vacantes, promoviendo con ello un mejor cumplimiento de los plazos de designación que marca la propia Constitución”.

En este sentido, señala que los artículos 159 y 160 de la Constitución Española establecen que la designación de los miembros del TC es por un periodo de nueve años, que su renovación se realiza por terceras partes cada tres, y que la elección del presidente de este tribunal se realizará entre sus miembros por un plazo de tres años. “En estos momentos, ambas previsiones constitucionales han quedado ampliamente superadas”, añade el Grupo Catalán en su texto.

La iniciativa ha sido presentada después de que el presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, reclamase en el Senado una renovación del Alto Tribunal, en el que cuatro magistrados llevan año y medio trabajando con el mandato agotado y que todavía no ha conseguido dictar un fallo sobre el Estatuto de Cataluña tras seis borradores de sentencia en cuatro años de deliberaciones.