La propuesta salió adelante con el apoyo de PSOE, PNV, Unidos-Podemos y Compromís, aunque deberá volverse a debatir en el Pleno para su aprobación definitiva junto al resto del acuerdo.

En la defensa de su postura, la portavoz del grupo socialista, Ángeles Álvarez, explicó que las víctimas de violencia de género menores de edad deben muchas veces ser autorizadas por un maltratador, con lo que pidió modificar este punto en la ley del aborto.

También se aprobaron las propuestas del PSOE para tener en cuenta la violencia patrimonial que sufren las víctimas; realizar un registro de impagos de las pensiones alimenticias; posibilitar que la Renta Mínima de Inserción que cobran estas mujeres cotice a la Seguridad Social, y acelerar la puesta en marcha de las 200 medidas previstas en el pacto.

El Congreso aceptó, asimismo, una transaccional 'in vocce' a fin de incluir el término discapacidad junto al de diversidad funcional.

Además, estuvo de acuerdo con varios votos que pedían impulsar la participación de los mediadores para agilizar los procesos jurídicos, utilizar el lenguaje inclusivo y reforzar los organismos institucionales de fomento de la igualdad, aspecto que también reclamó, y consiguió aprobar, Compromís.