Las administraciones reservarán entre el 7% y el 10% de determinados tipos de contratos públicos a centros especiales de empleo

MADRID
SERVIMEDIA

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. El texto salió adelante con los votos a favor de todos los grupos menos PSOE y Podemos, que se abstuvieron.

Con esta norma, que tras el visto bueno del Congreso pasará a debatirse en el Senado, se transponen al ordenamiento jurídico español una serie de directivas europeas de febrero de 2014.

La ley, tras las enmiendas introducidas en la Cámara Baja, prevé que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de determinados tipos de contratos públicos para centros especiales de empleo cuando, al menos, el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad.

Además, se establece la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.

En este caso, una enmienda introducida en el Congreso hace que la entrada en vigor de esta obligación sea en el mismo momento en que lo haga la ley. En el proyecto de ley se recogía que esta obligación no sería efectiva en tanto no se realizara un desarrollo reglamentario posterior de la norma, algo que se ha modificado vía enmienda.

Otra novedad es que la ley reconoce el papel de las empresas de la Economía Social y se facilitará el acceso de este tipo de sociedades a las licitaciones de contratos públicos.

También se ha acordado en el seno de la Comisión de Hacienda que no se podrá contratar con empresas que, estando obligadas a ello, no cuenten con planes de igualdad, como por ejemplo aquellas de más de 250 trabajadores.

Por otra parte, en los criterios de adjudicación de determinados contratos se tendrá en cuenta la experiencia del personal en servicios dirigidos a sectores especialmente desfavorecidos.

En líneas generales, entre los objetivos de texto se encuentran reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.

Por otra parte, se apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen plazos de adjudicación, se aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.

Además, se recoge la posibilidad de que se exija a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.

(SERVIMEDIA)
27 Jul 2017
BPP/caa