Estas peticiones forman parte de los 20 votos particulares presentados por el PSOE de cara al informe para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, elaborado por una subcomisión específica y que se debatirá mañana viernes en la comisión de Igualdad del Congreso.

En este sentido, Álvarez defendió que la custodia sobre menores cuyos padres estén inmersos en procesos por violencia de género “se decidan en los juzgados de violencia sobre la mujer y no en los de familia”, que muchas veces “carecen de la formación adecuada”.

A su juicio, “es importantísimo que todas las atribuciones sobre menores recaigan en estos juzgados especializados”.

“De ser así, no estaríamos viendo casos como el de Juana Rivas”, y propuso crear un grupo de trabajo de expertos para analizar los cambios legales necesarios.

“No puede ser que una mujer que actúa en defensa de sus hijos y en su propia defensa se vea expuesta” a una acusación de sustración internacional, recalcó Álvarez.

Del mismo modo, instó al Gobierno a liderar un acuerdo europeo que incluya las recomendaciones adoptadas en el Pacto, que “impediría situaciones como la que estamos viendo en Granada”.

“Se trata de adaptar los acuerdos internacionales a nuevas situaciones, a las que antes no habíamos prestado atención”.

DERECHOS SEXUALES

El PSOE exigió también modificar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para que las menores de 18 años víctimas de violencia de Género puedan abortar sin el consentimiento de sus familiares, ya que “muchas veces deben obtener el permiso de aquellos mismos adultos por quienes son violentadas”.

Asimismo, reclamó una modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el derecho de las víctimas a no declarar contra su agresor, pues en este caso, “la dispensa las hace a ellas responsables de la continuidad del procedimiento”.

Otras peticiones del grupo socialista tienen que ver con la inclusión de “la explotación reproductiva” como violencia contra la mujer, así como una mención clara a la prostitución en lo tocante a las víctimas de trata.

Además, Álvarez reclamó que los 1.000 millones de euros para los próximos cinco años recogidos en el pacto “sean finalistas y estén condicionados al cumplimiento de sus objetivos”, y que se creen fichas de seguimiento presupuestario en este sentido.

También exigió que el impago de las pensiones alimentarias se considere violencia patrimonial; que la renta Mínima de inserción que cobran las víctimas cotice a efectos de la Seguridad Social, y que se modifique la ley de custodia compartida, a fin de “evitar nuevos chantajes”.