Dicho documento, elaborado por la delegada del Cermi para la CDPP, Ana Sastre, fue aprobado este jueves por el Comité Ejecutivo del Cermi, que se reunió en el Senado, donde su presidente, Javier Rojo, expresó su compromiso con el sector de la discapacidad.

El Cermi fue designado por el Gobierno de España en septiembre de 2009 como organismo de seguimiento independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención en España. El Cermi evidencia en este informe prácticas y disposiciones en claro conflicto con el tratado, con la intención de llamar la atención de las administraciones públicas.

El pasado año, el comité denunció los sistemáticos incumplimientos de las normas de accesibilidad en los entornos, productos y servicios, incluidas las páginas de Internet.

En su opinión, “el incumplimiento de las leyes existentes requiere un compromiso político que persiga y sancione este tipo de actuaciones y que incluya el desarrollo autonómico del régimen de infracciones y sanciones previsto por la ley, sin el cual se deja sin efecto este sistema de protección”.

En el informe también se reclama la necesaria activación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como una herramienta de “especial relevancia” para el desarrollo y aplicación de la Convención, a fin de proporcionar los ajustes y apoyos necesarios que sitúen a las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

ACCESIBILIDAD Y EDUCACIÓN

Asimismo, el Cermi recuerda que la falta de cumplimiento del derecho de accesibilidad origina la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho de acceso a la justicia y a la educación o el derecho a una vida independiente.

Por otro lado, el documento apunta un incremento de denuncias relativas a la vulneración del derecho a la educación de las niñas y los niños con discapacidad, ya que es frecuente la denegación de ajustes razonables para acceder a una educación inclusiva, sobre todo para determinados alumnos y alumnas con mayores necesidades de apoyo.

El informe denuncia, por segundo año, las vulneraciones de derechos permitidas por el ordenamiento jurídico, que, además, “afectan con mayor intensidad a las mujeres con discapacidad, como es la esterilización forzosa”.

Asimismo, se incluyen en dicho informe la regulación del aborto eugenésico o la necesidad de reformar el procedimiento de protección y garantías para las personas que requieren apoyo a la toma de decisiones en el ejercicio de sus derechos, hoy incapacitadas judicialmente.

Además de la adopción de este documento por parte del Comité Ejecutivo del Cermi, durante la reunión de este jueves en el Senado se aprobó también el plan de acción para el año 2010 y un documento de propuestas en materia de fiscalidad y discapacidad para los próximos años.

El máximo órgano ejecutivo del Cermi también realizó un balance de los resultados de discapacidad de la Presidencia española de la Unión Europea y analizó el estado de situación de la discapacidad en las diferentes comunidades autónomas.