Indicó que esta Ley garantiza a las personas usuarias de perros guía el libre acceso a los lugares públicos o de uso público, con independencia de que su titularidad sea pública o privada.

Si se incumple esta Ley, será la Dirección General de Consumo la competente a la hora de proponer las sanciones, explicó González.

Informó de que, según el CES, la Ley de Medidas Fiscales “incluye medidas adecuadas y coherentes para impulsar el crecimiento de la economía madrileña, favorece la creación de autoempleo, ayuda a quienes cuentan con menos recursos, y contribuye a consolidar la seguridad jurídica en determinadas materias”.

Dijo que esta Ley contribuye con la política de permanente rebaja de impuestos a los madrileños que desarrolla el Ejecutivo regional y contiene importantes medidas fiscales para luchar contra la crisis económica, que supondrán un ahorro estimado a los madrileños de 56,7 millones de euros.

Asimismo, incluye las propuestas realizadas por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en el debate monográfico el pasado mes de febrero para seguir fomentando la inversión y la creación de empresas.

A través de esta Ley, la Comunidad pretende hacer uso de la competencia que le permite el nuevo sistema de financiación autonómica para poder subir o bajar en un 10% el importe del mínimo personal y familiar.

El mínimo personal y familiar se elevaría, por el tercer hijo, desde 3.672 euros, recogidos actualmente en la normativa estatal, a 4.039,20 euros y, por el cuarto hijo, de 4.182 euros a 4.600,20 euros.

Este incremento del mínimo personal y familiar generaría para una familia de tres hijos, un ahorro en la cuota de 44 euros, 22 para cada uno de los cónyuges.

En el caso de una familia con cuatro hijos, el ahorro alcanzaría la cifra de 140 euros, es decir, 70 euros para cada uno de los cónyuges. Se incrementan estas cantidades por los importes siguientes: Importe actual Importe nuevo diferencia

Esta medida surtirá efecto a partir de la entrada en vigor de la Ley de Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la Comunidad de Madrid que debe aprobar el Gobierno, aunque tendrá efectos desde el 1 de enero de 2010.

Dijo que, una vez más, la Comunidad de Madrid es la primera región que hace uso de las nuevas competencias normativas para beneficiar a las familias con mayores gastos. El coste aproximado de esta medida se estima en 30,1 millones de euros.

Se incluye, asimismo, una nueva deducción en el IRPF para emprendedores menores de 35 años, por importe de 1.000 euros, supondrá un ahorro para los contribuyentes de 26,6 millones de euros.

De esta forma, un joven emprendedor que inicie un negocio desde el pasado 23 de febrero, día en que se anunció la medida, hasta el 31 de diciembre, se podrá ahorrar 1.000 euros en su declaración de la renta. Esta Ley recoge, asimismo, una nueva deducción que favorece a las empresas innovadoras.

Los contribuyentes que inviertan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la Bolsa en la que cotizan las empresas de menor dimensión, podrán deducirse hasta el 20% de la inversión realizada en el IRPF, con un límite de deducción de 10.000 euros anuales (equivalente a una inversión de 50.000 euros).

Para evitar inversiones especulativas, la deducción requiere que el contribuyente mantenga las acciones en su patrimonio personal durante un periodo de dos años, como mínimo.

Para beneficiarse de la deducción, las inversiones deben realizarse entre el 23 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2010.

El objetivo de esta deducción es favorecer que las empresas de menor dimensión, que no tienen suficiente tamaño para cotizar en la Bolsa y que también se ven afectadas por la crisis, puedan obtener capital de los inversores a través del Mercado Alternativo Bursátil.

Además, al mismo tiempo se pretende estimular el ahorro y la inversión de los particulares con nuevas medidas de carácter fiscal.

El ahorro de esta deducción está en función de las inversiones que reciban las empresas madrileñas que cotizan en el MAB.

Esta Ley también amplía el plazo mínimo de duración de las autorizaciones municipales de venta ambulante, que pasa de cinco a quince años como mínimo, y seguirán siendo transmisibles y prorrogables expresamente por idénticos periodos.