Así se desprende del escrito presentado por el PP con las conclusiones de los trabajos de esta comisión parlamentaria que investiga si el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz usó a las Fuerzas de Seguridad con intenciones políticas en Cataluña.

Según los populares, las conclusiones “estaban escritas antes de celebrarse las comparecencias y antes de toda actividad indagatoria”. “Sólo desde ese apriorismo cargado de intencionalidad política puede defenderse cualquier conclusión que afecte a la llamada 'Operación Cataluña', sistemáticamente negada por todos los comparecientes”, defiende el PP.

En Grupo Parlamentario Popular concluye que no hubo actuaciones del Ministerio del Interior, liderado entonces por Fernández Díaz, dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos.

Añade que “no existen las supuestas informaciones sin soporte fáctico basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento” y subraya que se produjo una “filtración interesada, calculada, manipulada y fragmentada”.

Esa filtración, continúa el escrito, estaba “orientada políticamente de unas conversaciones privadas que tuvieron lugar 20 meses antes de la publicación y cuyo objeto fueron expedientes instruidos y documentados de acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina Antifraude”.

Por ello, el PP abunda en que en este caso la responsabilidad penal es “inexistente”, basándose en las “rotundas afirmaciones” de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.