La medida ha tenido el voto contrario del PP, que, además de oponerse por principio a la rebaja, critica que no se les haya informado previamente del contenido del documento.

Los cuatro representantes del PP en las Mesas conjuntas acudieron hoy a la reunión pensando que se iba a refrendar definitivamente el recorte de los salarios de diputados y senadores, pero, según explicó Celia Villalobos (PP) al término de la reunión, se encontraron con un documento de tres páginas que trasladaba las medidas del decreto del Gobierno para la reducción del déficit público a los funcionarios de la Cortes, que no están asimilados en el régimen de la Administración General del Estado.

Según el texto repartido al inicio de la reunión, la reducción global de la masa salarial en ambas Cámaras es del 5%, que se aplicará de acuerdo a unas tablas progresivas, en consonancia con el nivel de ingresos de cada categoría.

El PP puso el grito en el cielo por no haber sido informado con anterioridad de la propuesta y sus representantes argumentaron, además, que sólo minutos después de votar en contra del decreto del Gobierno que contiene la rebaja de salarios para los funcionarios, no era coherente votar a favor de esta propuesta.

En las Mesas conjuntas están representados el PSOE, PP, CiU, PNV y la Entesa Catalana de Progrès, que tiene como portavoz al socialista Isidre Molas.

En nombre de los socialistas, Teresa Cunillera dijo al finalizar la reunión que el acuerdo de las Mesas consistía en trasladar la propuesta de reducción de salarios a un grupo negociador en el que están representados los trabajadores de las Cortes y las Mesas.

Obvió, sin embargo, que había un documento escrito con una propuesta detallada y concreta y que el texto había sido sometido a votación en la reunión.

La clave está en que los funcionarios de Cortes Generales son un cuerpo específico que se rige por un estatuto autónomo en función de la autonomía que la Constitución reconoce a las cámaras, por lo que son ellas mismas las que tienen competencia sobre sus recursos humanos y económicos, y de hecho aprueban sus propios presupuestos, que después se integran en los Generales del Estado.

De hecho, los cuerpos y categorías en las que se dividen los funcionarios de Cortes Generales no se corresponden con las de la Administración General del Estado, y ahí radicaba una de las dificultades de articular el recorte de retribuciones.

Por todo ello, el acuerdo cerrado hoy en las Mesas conjuntas, y la intención de que entre en vigor el 1 de junio, podría dejar sin efecto el papel que estatutariamente se reconoce a la Junta de Personal y a la Mesa Negociadora en todo lo referente a las condiciones laborales y retributivas de los funcionarios.