En un comunicado, el sindicato manifestó que esta negociación debe iniciarse en este mes para adelantar los trabajos de cara a la vuelta de vacaciones, después que el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, recogiera la propuesta sindical y valorara la posibilidad de aplicarla en el marco de los PGE para 2018.

Mientras tanto, el sindicato pidió al Ejecutivo que no solicite la suspensión cautelar de la medida en Andalucía hasta que no se dirima la cuestión por parte del Tribunal Constitucional. CSIF entiende que “el Gobierno no puede oponerse a esta jornada en el caso de que haya sido negociada y pactada libremente entre los responsables de una administración y sus representantes sindicales”, como ha ocurrido en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o en el Ayuntamiento de Madrid.

De manera paralela, CSIF abordó esta cuestión con los partidos y grupos parlamentarios, así como con los diferentes presidentes autonómicos, para crear un espacio de interlocución que permita impulsar la medida.

El sindicato defiende las 35 horas como una medida de creación de empleo de calidad y mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, que en determinados sectores y ámbitos de la Administración se encuentran desbordados, y cree que debería incluirse en la negociación abierta en materia de empleo público.