El representante del Ministerio Público formuló esta petición en la vista que los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebraron esta mañana para estudiar los recursos interpuestos por Otegi, Usabiaga y otros cuatro imputados contra su procesamiento por intentar presuntamente reconstruir el partido ilegalizado a las órdenes de ETA.

Además de los escritos de Otegi y de Usabiaga, los magistrados estudiaron los recursos de apelación interpuestos por la ex tesorera del PCTV, Sonia Jacinto; por Miren Zabaleta, hija del líder de Aralar Patxi Zabaleta y una de las dirigentes emergentes de la izquierda abertzale; por Arkaitz Rodríguez, ex responsable de Haika en Álava, y por José Luis Moreno Sagüés.

El procesamiento de los seis recurrentes fue ordenado el pasado 25 de enero por el juez Baltasar Garzón. Tras su suspensión cautelar, decretada hace dos semanas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las causas de su juzgado han sido asumidas temporalmente por su compañero Santiago Pedraz.

El magistrado les imputó un delito de integración en organización terrorista, en grado de dirigentes en el caso de Otegi y Usiabiaga, por su intervención en el proyecto denominado "Bateragune" -núcleo de reunión, en euskera-, que, según Garzón, trataba de reconstruir la marca electoral de ETA para concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

Además de a los recurrentes, Garzón procesó a José Manuel Serra Ugarte y Amaia Esnal. Todos los procesados habían sido detenidos en una operación que se desarrolló el 13 de octubre de 2009.

PEDIR A ETA QUE DEJE LAS ARMAS

El fiscal González Mota aprovechó su intervención ante la Sección Tercera para impugnar los recursos de los imputados al entender que los hechos de los que se les acusa si son constitutivos de delito.

En este sentido, acusó a Otegi y Usabiaga de intentar desarrollar una estrategia, la de la combinación de “la actividad institucional con las pistolas y las bombas”, que ha sido declarada ilegal tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo.

Frente a estas tesis, los abogados de la defensa, liderados por el letrado Kepa Landa, aseguraron que los procesados estaban desarrollando una actividad exclusivamente política en ausencia de violencia.

González Mota reaccionó a este argumento señalando que los documentos incautados en los últimos meses demuestran que ETA sigue apostando por la vía armada, y dijo que si Otegi y Usabiaga quisiesen desarrollar una actividad exclusivamente política deberían pedir a la banda armada que deje de matar.

TREGUAS-TRAMPA

En el auto de procesamiento, el juez de la Audiencia Nacional acusó a Otegi de ser el máximo responsable de "Bateragune". En este sentido, aseguró que una de las misiones que ETA encomendó al ex portavoz de Batasuna era "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria, si bien la actividad violenta continuaría en el resto de España".

El objetivo de estas "treguas-trampa" era engañar a partidos independentistas no violentos, como Euskal Alkartasuna (EA) o Aralar, para crear un polo soberanista aparentemente desligado de ETA y poder concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2011.

Con este objetivo, los procesados intentaban crear desde diciembre de 2008 y bajo las órdenes de ETA una nueva "referencia institucional y política". ETA había fijado incluso las fases de su nueva estrategia, un calendario según el cual este pasado otoño se hubiese ofrecido un pacto a Eusko Alkartasuna, a Aralar y los demás "agentes soberanistas".

Este nuevo proyecto se iba a presentar públicamente en abril de 2010. Para la banda terrorista, era irrenunciable que este polo soberanista aparentemente apartado de la violencia concurriese a las elecciones autonómicas y municipales de 2011.