En un acto en el Palacio de la Moncloa, Rajoy señaló que dicho plan, que contempla que el gasto en mantenimiento sea asumido por las empresas, supondrá una transferencia de riesgos “prácticamente total” hacia las empresas concesionarias, por lo que los sobrecostes o el mayor gasto sobre la explotación quedaría desplazado hacia el sector privado.

Aclaró que se ha configurado un pliego de condiciones “muy elaborado”, para garantizar la transferencia de riesgos, lo que desplazaría la responsabilidad al sector privado.

El presidente del Gobierno indicó que esta iniciativa contará también con el apoyo del 'Plan Juncker'. Parte de la financiación correrá a cargo de las empresas concesionarias (20%), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) e instituciones financieras (40% cada uno).

Rajoy lamentó que durante los últimos años “ha habido un descenso de la inversión destinada a carreteras, que se nutre del presupuesto”, y este plan “nos permite aumentar sustancialmente el único área que estaba muy limitado por las condiciones presupuestarias”, agregó.

189.200 EMPLEOS

Por otro lado, el líder del Ejecutivo aclaró que dicho contrato tendrá un plazo de ejecución de cuatro años y auguró que dará empleo a 189.200 personas, de las que más de 150.000 serán empleos directos.

El presidente del Gobierno aclaró que este acuerdo contará con el ‘pago por disponibilidad’ durante 30 años, que no se trata de un pago por uso, sino de un pago por tarifa. Así, “estamos ante un sistema que no depende de la evolución de la demanda ni de la evolución del tráfico”.

Por otro lado, Rajoy informó de que después del verano presentarán la relación de obras, que se pondrán en marcha y que se irán licitando a partir de septiembre.

Por último, el presidente del Gobierno comentó que dicho plan irá destinado primero, además de a nuevas construcciones, a obras de gran envergadura, a la mejora de conexiones, uniones entre vías y carreteras más antiguas, para después abordar su mantenimiento.