La asociación indicó en un comunicado que “esto sucederá a pesar de que España ha sido el escenario de uno de los mayores escándalos de fraudes a los consumidores, especialmente en consumo bancario y financiero pero también en la energía y las telecomunicaciones”, añadió.

Para Adicae, el Ejecutivo “abandona a los consumidores y continúa obligando a las víctimas de abusos a acudir a los tribunales, una alternativa que colapsa a la justicia y no da una verdadera satisfacción a los consumidores, ya que, entre otros motivos, prolonga de forma extensa la resolución de los conflictos”. En este sentido, añade que los servicios financieros y la “necesaria” reforma de sus sistemas de reclamación “no es objeto de la nueva norma”.

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, señala que la exclusión de los servicios financieros y el retraso en la reforma de su sistema de resolución de conflictos hace que “se corra el peligro de nuevas demoras y de permitir que el ‘lobby’ bancario se salga con la suya” y ha añadido que “la norma plantea cambios mínimos a los degradados sistemas de reclamación que existen en España”.

Ante esta situación, Adicae considera que se puede alargar el establecimiento de los sistemas de reclamación extrajudicial para que el sector financiero sea objeto de revisión y reforma en profundidad.

En este sentido, denuncia que el texto aprobado únicamente prevé que en el plazo de 10 meses (que finalmente puede quedar reducido a seis meses en el debate de esta tarde), cita literalmente que “el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley que regule el sistema institucional de protección del cliente financiero que establecerá su organización y funciones".

Esta nueva demora en la creación de una auténtica regulación de la resolución de conflictos financieros es una “patada hacia adelante” para evitar abordar un aspecto clave de las relaciones de las entidades con los consumidores, añade.

En todo caso, Adicae anunció que trasladará sus propuestas en esta materia al Gobierno y los diferentes grupos parlamentarios, mientras analiza y sigue de cerca los trabajos que se inicien para la creación y puesta en marcha del mecanismo.

Por último, aseguró que “vigilarán que se cumplan todas las condiciones y principios marcados por la Directiva que no sucede en los actuales sistemas de reclamación”.