Catalá respondió así en la sesión de control al Gobierno a la pregunta del diputado del PNV Mikel Legarda, en la que le pedía su “opinión” sobre las penas de 63, 50 y 18 años solicitadas por la Fiscalía para ocho jóvenes de Alsasua por un delito de agresiones a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas.

Antes de responderle, Catalá reconoció que no sabía muy bien "qué hacer, porque si uno opina de determinadas cosas, le pueden llegar hasta reprobar como ministro, y usted me pide que opine de una calificación de la Fiscalía”. Aludía así a su reprobación por parte del Congreso el 16 de mayo.

El ministro dijo que la Fiscalía habrá hecho “esas consideraciones” porque valora que los hechos acaecidos se corresponden con un determinado tipo penal del Código Penal. Expresó el “máximo respeto” a la decisión de la Fiscalía, a la calificación y a la decisión del Tribunal Supremo de asignar a la Audiencia Nacional esta causa, y agregó que las "instituciones funcionan" y que las personas implicadas "tendrán todas las garantías para su defensa”.

Legarda dijo que la sociedad vasco-navarra está “boquiabierta” por estas penas que rondan los 50 años de prisión, después de la “perplejidad” que ya vivió cuando se hablaba de penas de 20 años.

Legarda pidió a Catalá que no olvide la “desproporción” de las penas en este caso, porque “no es razonable” que sean “muy superiores” a las que se piden por matar a una persona. También criticó que se relacionen estas agresiones con “la violencia de ETA”, al vincular a alguno de los acusados con los movimientos que por medios “legales” reclaman el abandono de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del País Vasco y Navarra.

Para el diputado vasco, se está “sobreactuando” en este caso, al convertir “unos hechos en los que no se constata ni conspiración ni coordinación previa" en "un acto de terrorismo”.

El representante del PNV recordó que su partido condenó esta agresión, se solidarizó con las víctimas y consideró una posición “indefendible e insostenible” decir que los agentes “son tan víctimas como los agredidos” y, por tanto, indicó que "no puede haber impunidad".

El ministro Catalá se congratuló de esa posición del PNV, así como de su apoyo a las FCSE, pero remarcó que, sin “ninguna duda”, los hechos son “agresiones graves” y así lo recoge el artículo 573.1 del Código Penal, que dice que cualquier delito contra la integridad física, con voluntad de provocar un acto de terror, es terrorismo.

A este respecto, señaló que el artículo "dice lo que dice". "¿Lo podríamos cambiar? Hablemos de ello", instó Catalá al diputado vasco en el marco de reformas de la Justicia. Pero remarcó que estas agresiones se producen en “un contexto por ser miembros de las FCSE” y no es una “riña”.