Así lo dijo en relación al recurso presentado por la CNMC ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que regula en la actualidad la actividad que desempeñan los vehículos de alquiler con conductor (VTC), sistema de licencias utilizado por compañías como Cabify y Uber.

Sanz insistió en la importancia de que todos los servicios que ofrecen transporte de viajeros estén regulados para evitar que, tal y como a su juicio pretenden Cabify, Uber y la CNMC, “cualquiera pueda coger un coche y dedicarse a trasladar personas, con los riesgos que todos entendemos que eso supone”.

En este sentido, Sanz dijo no entender el interés de la CNMC en insistir en ser ella, y no el legislador actual, quien determine el tipo de regulación que rija la actividad de estas empresas.

Asimismo, manifestó que “la CNMC se contradice al, por un lado, reconocer expresamente en su demanda que esta modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Orden Ministerial cuenta con base legal en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LPTT), y por otro, afirmar también que no es así y asegurar que no respeta los criterios de proporcionalidad entre taxis y VCTs que esta ley impone”.

Además, añadió, “la CNMC cita en su demanda en multitud de ocasiones la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que no viene al caso puesto que no se discute ninguna cuestión de Derecho comunitario y que, de todas formas, está dando la razón al sector del taxi en los recientes asuntos relativos a Uber, tanto en España como en Francia”.

Asimismo, afirmó no entender cómo un órgano creado por el regulador, como es la CNMC, y basado en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que ha sido objeto de una severa crítica por parte del Tribunal Constitucional en su reciente sentencia de 22 de junio, se permite poner en duda al propio legislador.