Los responsables de AUGC explicaron, en una rueda de prensa en Madrid, que tienen intención de movilizar a los guardias civiles, al entender que la rebaja salarial decidida por el Gobierno afecta más al Instituto Armado, puesto que sus miembros se encontraban en peor situación profesional.

A este respecto, Juan Antonio Delgado, portavoz de AUGC, afirmó que el recorte de sueldo es el “puntillazo” a la situación de los guardias civiles. Destacó, en este sentido, que consideran que los miembros de la Benemérita tienen ahora “peores condiciones” laborales que cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder en 2004.

Respecto al recorte salarial, los dirigentes de esta asociación de la Benemérita aseguraron que supondrá una reducción media de 150 euros brutos al mes para los agentes, al tiempo que tendrá especial incidencia en la paga extraordinaria de diciembre.

GRAN MANIFESTACIÓN

Para hacer frente a esta bajada, Delgado anunció que la primera medida de protesta será la lectura de un manifiesto el 23 de junio coincidiendo con la asamblea de AUGC. En este encuentro también se llevará a cabo un acto de protesta “muy llamativo”.

Al mismo tiempo, estos guardias civiles explicaron que en julio llevarán a cabo movilizaciones en las comunidades autónomas, algo que culminará en una manifestación en Madrid en septiembre.

Asimismo, los responsables de esta asociación explicaron que próximamente presentarán un documento que plantea reducir 130 millones de euros en la Guardia Civil sin tocar el sueldo de los guardias civiles. Los recortes tendrían que ver con una posible reducción de cuarteles o con replantearse el número de generales, que han pasado de 17 a 37 desde 2004.

En este sentido, Alberto Moya, secretario general de AUGC, argumentó que la rebaja de sueldos en la Benemérita es especialmente injusta, puesto que llevan “veinticinco años de retraso” en cuando a la mejora de las condiciones laborales que sí se han aplicado al resto de funcionarios.

Además, Moya explicó que las protestas que promueven tienen que ver también con el hecho de que no se está aplicando la Ley de Derechos y Deberes aprobada hace varios años y que debería haber mejorado las condiciones de los guardias civiles.