La organización señaló este lunes en un comunicado que se opone a este tipo de prácticas al considerarlas negativas “tanto para el bolsillo de los consumidores como para el medio ambiente”.

La OCU recordó que el Parlamento Europeo ha establecido una serie de pautas que los gobiernos tendrán que cumplir en el futuro. Aunque la organización considera esta medida un avance importante, cree que deberían establecerse leyes que eviten este mecanismo “engañoso” y que, “lamentablemente, se ha convertido en popular entre los fabricantes, sobre todo de productos tecnológicos”.

Por ello, pide al Gobierno que participe “de forma activa” en la aplicación de las medidas establecidas por el Parlamento Europeo y que tenga en cuenta estas recomendaciones para la elaboración de leyes que impidan la fabricación y comercialización de productos con obsolescencia programada en España.

Asimismo, la OCU cree que se deberían evaluar procedimientos para verificar la vida media de los productos, así como extender el periodo de garantía de los mismos, de manera que sea el propio fabricante el que se encargue de repararlos en caso de defecto.