Los recursos de Madrid y Cataluña criticaban que fuese suficiente el visto bueno del Banco de España y el informe del Ministerio de Economía para aprobar las fusiones, sin el beneplácito del respectivo gobierno autonómico.

En el caso de estas dos regiones, la Abogacía entiende "la autorización autonómica, cuando existe el riesgo de una crisis sistémica de especial gravedad, no es compatible con la intervención del Banco de España".

"Cuando la crisis es de tal envergadura que puede desembocar en una crisis sistémica con repercusión en toda la economía, no puede existir otra prioridad que no sea la aprobación y ejecucción de un plan que permita restablecer la confianza y la estabilidad del sistema financiero".

En este contexto, prosigue, la doble autorización "supone sencillamente que la decisión decisoria se comparte entre dos instituciones" y supone "desplazar del Banco de España a la comunidad el centro decisorio".

Por su parte, recurso contra el Frob en Extremadura se fundamenta en que esta norma generaba un "desapoderamiento de la competencia autonómica exclusiva en materia de cajas de ahorros".

Ante ello, la Abogacía del Estado responde que la comunidad extremeña "sigue ostentando la totalidad de sus competencias en circunstancias normales e incluso en crisis ordinarias", pero añade que "lo único que modestamente hace el real decreto es exceptuar la autorización autonómica en el caso de fusiones en una situación de crisis extraordinaria con riesgo sistémico".

Ésta es la misma respuesta que la Abogacía hace del recurso presentado por la Xunta de Galicia, que denunciaba que el texto "niega toda facultad ejecutiva" a las autonomías, a favor de "un monopolio de intervención del Estado mayormente, a través del Banco de España".