El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, avanzó la semana pasada su intención de recortar la rentabilidad razonable en 2020, con el objetivo de que se pueda bajar el recibo de la luz un 10%.

En un comunicado la asociación sectorial denunció que “esta medida tendría un impacto importante sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración tras la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo”.

“Una nueva modificación supondría perjuicios relevantes para los bancos y los propietarios de las instalaciones, que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, perdiendo el capital social y asumiendo mayores costes financieros”, añadió.

Además, la UNEF señaló que el procedimiento para realizar esta modificación debería realizarse mediante la presentación de un proyecto de ley por parte del Gobierno “para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto”, al considerar que “en caso de tramitarla vía orden ministerial, Nadal se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento”.

Por otra parte, la asociación resaltó que “el ahorro que este nuevo recorte supondría para el consumidor no será significativo, debido a que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones definidas como consecuencia de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el CIADI por los inversores extranjeros afectados por los recortes aplicados a la energía solar y a la termosolar desde 2012”.

Por último, la UNEF indicó “que la credibilidad regulatoria y la seguridad jurídica son elementos imprescindibles para garantizar el correcto desarrollo de las empresas renovables, que desempeñan un papel fundamental en la reactivación de nuestra economía y en el cumplimiento de los objetivos definidos por el Acuerdo de París”.