Robles aseguró, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, que jurídicamente no se puede actuar todavía contra la anunciada ley de independencia, porque no se ha producido más que una “representación en un teatro” y no ha habido ningún “acto jurídico”.

De esta manera, aludía a la “escenificación” de ayer del Ejecutivo catalán cuando presentó la ley con la que pretenden independizarse de España sobre el escenario de un teatro. Robles dijo que “las presentaciones no son acto jurídico”, por lo que todavía no se puede recurrir.

Abogó por que el Gobierno tenga “mucha responsabilidad y cabeza fría” y por “no rebajarse” al nivel de personas que presentan lo que consideran “muy importante” en un teatro y no en el Parlamento, que es donde se tramitan las leyes.

Robles reiteró que es el Gobierno el que tiene que tomar la iniciativa, y respondió a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría -quien dijo que en 24 horas se puede paralizar el proceso de independencia- afirmando que “llevan cinco años y están permitiendo que esto esté ocurriendo”.

Dijo que el Gobierno de la nación no está teniendo la iniciativa, sino que se ha puesto “de perfil” y solo toma “medidas puntuales”, al tiempo que consideró que “hay otras medidas sin necesidad” de llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ante un “problema político”, dijo, hay que buscar soluciones “políticas”.

En este sentido, Robles indicó que en la reunión que mantendrá Pedro Sánchez mañana con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, le pedirá que dé algún paso político para buscar soluciones a la crisis territorial, aunque remarcó que “el PSOE estará siempre defendiendo la legalidad y nunca se va apoyar un referéndum unilateral de independencia”.

“El PSOE es un partido de Estado con vocación de gobierno y, con eso, lo que tiene que hacer es defender la legalidad. No puede haber ninguna duda de que el PSOE va a estar siempre en la defensa de la legalidad”, remachó la magistrada.

La portavoz parlamentaria socialista dudó de la verdadera intención del Gobierno de abordar políticamente la cuestión, al comparar la negativa a dialogar con las instituciones catalanes sobre el desafío soberanista con el acuerdo al que han llegado con formaciones políticas catalanas para aprobar medidas en el Congreso como el decreto de la estiba.

“¿Se puede negociar con el PDECat el decreto de la estiba pero otras cuestiones no se pueden negociar?”, se preguntó, para reconocer seguidamente que son cuestiones que le generan “muchísimas dudas” sobre la actuación del Gobierno.