Además, CCOO reitera en una nota que el decreto supone la imposición unilateral de unas medidas que vulneran el derecho a la negociación colectiva, no solo el recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, sino también el que se deriva del Estatuto de los Trabajadores, en lo que se refiere a los convenios colectivos suscritos y vigentes en comunidades autónomas, ayuntamientos y ámbitos como el del personal laboral de la Administración General del Estado.

Por otro lado, denuncia que el Gobierno sigue "engañando” sobre sus intenciones progresistas de “recortar más a quien más gana”, como se puede derivar de que un funcionario del Grupo A 1 con nivel 30 tendrá un recorte al final del semestre del 6,50%, mientras uno del Grupo A 2 con un nivel 24 alcanzará un recorte del 7,08% y un director general o asimilado lo tendrá del 8%. En resumen, en los grupos profesionales más altos, a mayor salario total, menor porcentaje de recorte, "justo lo contrario de lo que pregonan".

Por último, advierte sobre una falta de concreción en lo referente al recorte universal, pues el Gobierno carece de instrumentos para imponer recortes a las comunidades autónomas y entes locales, que decidirán cómo y en qué cuantía recortan los salarios y no se les puede exigir que la misma vaya dirigida realmente a reducir el déficit, pues pueden dirigir el “ahorro” a financiar inversiones, las mismas que a nivel estatal se reducen o incluso desaparecen.