“No lo elevemos a categoría general”, manifestó Tamayo en una rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede de la CEE. La Justicia europea sostuvo que el colegio, que había hecho obras en sus instalaciones para realizar una ampliación, debía pagar el impuesto porque no se trataba de un lugar dedicado al culto o a la celebración de actos religiosos.

Por su parte, Escuelas Católicas -que agrupa a los colegios de la Iglesia- emitió un comunicado esta semana en el que dijo que sus centros escolares “prestan un servicio a la sociedad" y que es en virtud de ese "servicio" por lo que se les aplican exenciones fiscales.

No obstante, la Conferencia Episcopal dejó claro que actuarán en base a lo que dicten las administraciones pero puso de relieve que el dictamen del tribunal europeo en ningún caso sienta un precedente para que otros centros escolares dejen de contar con privilegios.