Así lo denunció esta organización en una pancarta que desplegó durante la concentración que tuvo lugar frente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en Madrid y que contó con la presencia del director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán; la periodista Cristina Fallarás; Ricardo Rosado, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Parla (Madrid); Yolanda Quintana, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), y Alba Villanueva, portavoz de No Somos Delito.

Antes de comenzar el acto, la Policía pidió el DNI y tomó los datos de cada uno de los activistas que estaban allí, así como de varios periodistas de diferentes medios de comunicación, a pesar de haber acreditado que estaban trabajando e iban a cubrir el evento.

Durante la concentración se presentó el informe 'España: los activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira', donde Amnistía analiza los dos años de vida de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) y exige su modificación urgente, porque “amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información”.

Beltrán hizo hincapié en que desde que entró en vigor la ley “se ha sancionado con multas a casi 35.000 personas que legítimamente han utilizado su derecho de reunión y de expresión de forma pacífica”, dañando, a su juicio, el derecho de reunión.

Explicó que “en el año 2014 hubo unas 37.000 manifestaciones y en el año 2016 hubo 28.000 manifestaciones” y reconoció que a pesar de que no se puede atribuir todo este descenso a la citada ley, el hecho de que se pidan los datos “a todo el mundo que se manifiesta pacíficamente” y se abra la puerta a posibles multas de entre 600 y 30.000 euros tiene “un efecto disuasorio”.

“Toda esta ley está basada en la arbitrariedad policial”, criticó Beltrán, quien añadió que “hoy hemos visto como en una reunión pacífica como esta nos han pedido a todos el carné de identidad como muestra de la arbitrariedad policial absoluta”. Ante esto, indicó que “la arbitrariedad policial no puede continuar así”, por lo que “es muy importante que aprendamos de Holanda y Reino Unido”, donde “tienen mecanismos independientes de investigación policial de esos abusos”.

Asimismo, señaló la necesidad de reformar la ley de libertad de reunión, porque “penaliza la manifestación espontánea”, y expresó su deseo de “ser como Portugal, como Italia o como Finlandia, que no penalizan las manifestaciones espontáneas”.

“CERCENANDO LA DEMOCRACIA”

Por su parte, Fallarás expresó su preocupación por “la arbitrariedad con la que los policías culpan y penan a los periodistas” y afirmó que “en el momento en que cortas la libertad de información estás cercenando la democracia y es un paso previo peligrosísimo, porque luego no hay vuelta a atrás”.

En este sentido, Villanueva criticó que, tras haber sido identificados, nadie “nos asegura hoy aquí que mañana no vayamos a recibir una multa por lo que sea que manifieste la Policía y alegue en el atestado”, y pidió que “se elimine la presunción de veracidad de la Policía”, porque “el testigo de la Policía no puede estar por encima del de la ciudadanía y tenemos que tener derecho a la presunción de inocencia”.

Por último, Quintana declaró que “desde la PDLI consideramos todas las sanciones contra periodistas e informadores inconstitucionales”, teniendo en cuenta que “en todos los casos que hemos documentado y hemos trasladado a la defensora del Pueblo, esta institución ha considerado que la Policía no ha cumplido criterios de constitucionalidad exigibles y que no se ha ponderado que la persona a la que se iba a sancionar estaba ejerciendo un derecho fundamental y un pilar básico de la democracia como es el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de información”.