Según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la investigación, que comenzó en septiembre de 2009, reveló que eran cuatro individuos originarios de China los encargados de importar los juguetes en contenedores. Los productos solían hallarse ya empaquetados en blister (envases de plástico), aunque en ocasiones llegaban a España en "bruto" para ser posteriormente embalados.

Cuando la mercancía alcanzaba territorio nacional, los detenidos la almacenaban en un polígono industrial situado en una localidad madrileña, al que acudían clientes procedentes de toda España. Desde esta nave ofertaban muestras únicamente a determinadas personas, camufladas como adornos, para finalmente realizar la venta en la vía pública desde un vehículo.

Estos clientes mayoristas se habían ganado la confianza de los importadores y actuaban como "comerciales", de manera que ofrecían el producto en puestos de mercadillo o, incluso, en otros establecimientos legales. De hecho, uno de ellos había conseguido colocar los juguetes falsos en librerías de barrio de la capital y en papelerías distribuidas por toda la Comunidad de Madrid.

La organización lograba con esta actividad elevadas ganancias, ya que adquirían el producto a los importadores por precios que oscilaban entre los 15 y los 90 céntimos de euro. Los comerciales los colocaban en los establecimientos por entre 5 y 15 euros y, finalmente, los propietarios de juguetes los vendían por una cifra que oscilaba entre 10 a 30 euros, como el precio de los originales.