En la sentencia queda acreditado que existió un contrato verbal entre las partes, sin que sea necesario el contrato escrito, que estableció las condiciones del acuerdo, conforme al artículo 1262 del Código Civil, en relación tanto al espacio objeto de ocupación como a cada uno de los servicios accesorios que fueron añadiéndose al presupuesto inicial.

La condena se produce pese a la opinión del Partido Popular de que el abono del espacio y los suministros necesarios para llevar adelante el evento -entre otros, los de limpieza, médicos, de seguridad o logísticos- quedaban saldados con la publicidad que obtenía Feria de Valencia al celebrase en sus instalaciones la convención política.

La juez establece que la formación “está obligada a pagar por el espacio y los servicios que utilizó, sin que pueda aceptarse en ningún caso, tal y como sostiene, que la pretendida falta de concreción o de aceptación le permitan haber utilizado ese espacio y esos servicios sin pagar nada a cambio”.

Además, estima íntegramente la demanda de Feria de Valencia y descarta las alegaciones del PP respecto a que el número de metros cuadrados ocupados fue menor que el que aparece en la factura o que no deben facturarse los suministros. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La jueza expone que "en ningún momento se habló de gratuidad en la cesión del espacio o los servicios, ni tampoco de que la contraprestación por los mismos consistiera en dar publicidad al recinto ferial o a la ciudad de Valencia, habiendo quedado siempre claro que el precio se establecería conforme a las tarifas oficiales de Feria de Valencia".