Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se trasponen directivas de la UE en los ámbitos financiero, mercantil, sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.

El ministro explicó que en materia financiera se ha de trasponer la directiva 2013/50 sobre requisitos de transparencia de emisores que modifica la Ley del Mercado de Valores de 2015. Este texto incorpora la potestad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de suspender los derechos de voto si se incumplen determinados requisitos de información.

Al mismo tipo la trasposición de la directiva 98/26 modifica la Ley 41/1999 sobre Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores con el objetivo de hacer compatible la normativa con el protocolo de funcionamiento y adaptación del ordenamiento al reglamento Emir.

Estas modificaciones, según Dastis, presentan un carácter de “necesaria y urgente necesidad” en aras de cumplir con los compromisos adquiridos por España ante la Unión Europea.

Dastis subrayó que en materia de competencia se ha de dar cumplimiento a la trasposición de la directiva 2014/104, de 26 de noviembre, que homologa las normativas de los distintos Estados miembros con el fin de evitar la disparidad en función del lugar de origen, facilitar reclamaciones y fomentar la competencia.

A su vez, en el ámbito sanitario se traspondrán las directivas 2015/565 y 2015/566 que afectan al Real Decreto 9/2014 sobre normas de calidad y seguridad en la donación, obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos.

Por su parte, en lo referido al desplazamiento de trabajadores se traspondrá la directiva 2014/67 para garantizar el respeto del nivel adecuado en la protección de los trabajadores desplazados con la prestación de servicios transfronterizos.

Ante todo este cuerpo normativo, Dastis aseveró que “pertenecer a la UE es cumplir” y que España “seguirá cumpliendo con la correcta trasposición por cuanto redunda en el interés general de los españoles, de España y de la UE”.

Por otro lado, Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) argumentó su apoyo al real decreto presentado por el Gobierno en la necesidad de evitar el ‘dumping social’, mientras que Jordi Xuclà (PDCat) apoyó su abstención en el hecho de que la trasposición de estas directivas se tendría que haber tramitado por separado.

En esa línea, Rodrigo Gómez García (Ciudadanos) reprochó a Dastis que presente un “popurrí” en el que se mezclan “cinco materias diferentes e inconexas” y acusó al Gobierno de “hacer trampa y de forzar los plazos” para aprobar normas.

A pesar de esta censura a las formas del Gobierno, confirmó que su grupo apoyará el real decreto presentado aunque solicitará su trámite como proposición de ley.

Iñigo Barandiarán (PNV) empleó el mismo tono que el diputado de Ciudadanos, mientras que Alberto Rodríguez (Podemos) acusó al Gobierno de presentar un compendio de materias “que nada tienen que ver entre sí” y de utilizar a Bruselas “como el coco” para que se apoyen todas las leyes que presenta.

Del mismo modo, Rafael Simancas (PSOE) espetó al ministro que le “hayan colocado el papel de ministro novato y pardillo” al tener que vender una “chapuza legislativa”, ya que “no es serio apilar en una sola materia normas tan dispares”.

Por último, María de la Concepción de Santana Fernández (PP) justificó las formas del Gobierno en el hecho de que ha habido un “prolongado año en funciones que retrasó la aplicación de normas de este tipo”.

Por ello, apeló a una “doble responsabilidad” para aprobar este real decreto: cumplir los compromisos con la UE y evitar sanciones económicas a España, “país que tiene cada vez un papel más relevante en la UE”.