En concreto, se sentarán en el banquillo una veintena de personas por su supuesta participación en tres delitos electorales, falsedad documental y ocho delitos contra la Hacienda Pública investigados en las piezas separadas 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel' en Valencia .

Esta pieza de la trama va a ser juzgada por la misma sala que está aún juzgando la primera época de la 'Gürtel', relativa a los años que median entre 1999 y 2005. Este juicio tiene señaladas 22 sesiones hasta el mes de abril.

En un principio el comienzo de la vista estaba previsto para el pasado 13 de marzo, pero se retrasó después de que la Fiscalía solicitara formalmente la suspensión por enfermedad de la fiscal del caso y la imposibilidad de que otro representante del ministerio público se pueda poner al día en el contenido del sumario.

La pieza 1 investiga un presunto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, la pieza 2 un posible delito de falsedad documental en las elecciones generales de 2008 y la pieza 6 trata sobre varios delitos contra la Hacienda Pública cometidos con la participación de Orange Market, la filial valenciana de la red de empresas de Francisco Correa.

Se sentarán en el banquillo buena parte de los miembros de la cúpula del PP en Valencia en esos años, incluidos el ex secretario general del PP en esa comunidad Ricardo Costa y el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

En un auto del Juzgado Central de lo Penal ya se rechazó que declaren como testigos el presidente del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general de la formación , María Dolores de Cospedal, petición hecha por la defensa de Costa, al considerar que "no son necesarios, pertinentes, ni útiles" para el esclarecimiento de los hechos.

PENAS

La Fiscalía Anticorrupción pide para Costa siete años y nueve meses de cárcel, la misma pena que solicita para el exvicesecretario regional del PP Vicente Rambla y la exgerente Cristina Ibáñez y el exsecretario de Organización y exdiputado David Serra. Además, reclama seis meses y 650 euros de multa para la también exgerente Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.

Entre los 20 acusados figuran, además, responsables de empresas y trabajadores de la 'trama Gürtel', como el presunto cabecilla Francisco Correa; su presunta mano derecha, Pablo Crespo; el propietario de la empresa Orange Market y supuesto hombre de confianza de la red en Valencia, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', y José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol.

También irán a juicio empresarios como Enrique Ortiz, Vicente Cotino, Enrique Gimeno, Luis Batalla y Rafael Martínez-Berna, entre otros.

ALICANTE Y BARCELONA

Según explicaba en un auto el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que se hizo cargo de la investigación después de que los imputados perdieran su condición de aforados, el PP se financió presuntamente por dos vías: la oficial, que los populares valencianos llamaban 'Alicante', y otra que se nutría presuntamente "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado 'Barcelona'; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B de Orange Market y la del grupo)".

Indica que en las elecciones objeto del proceso, el PP valenciano no se habría atenido a los techos legalmente previstos para las campañas electorales y habría contratado los servicios de Orange Market para tener un "mayor despliegue" propagandístico en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, que los populares pagaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Según la Fiscalía, Orange Market se embolsó casi dos millones de euros por servicios prestados durante las campañas sin "facturación, contabilización y declaración tributaria".

En las elecciones autonómicas de 2007, la empresa cobro supuestamente 1,1 millones de euros; en las municipales de ese mismo año 78.878 euros, y por las generales se habría embolsado 801.810 euros. Además, Orange Market justificó presuntamente los cobros con facturas falsas.