Con esta propuesta, que el Cermi pide se incorpore al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se pretende establecer medidas de acción positiva que ayuden al cumplimiento por parte de las universidades públicas de la obligación legal de que al menos el 2% de sus efectivos, también en el profesorado y en el personal investigador, sean personas con discapacidad.

El Cermi recordó en un comunicado que según el tercer informe general sobre el grado de inclusión del sistema universitario español que ha elaborado junto a la Fundación Unievrsia, correspondiente a 2017, solo el 0,7 % de la plantilla de personal docente e investigador de las universidades públicas españolas está formado por personas con discapacidad, "muy lejos de los mínimos legales, por lo que es necesario reactivar este mandato facilitando su cumplimiento".

Esta misma medida ha sido reclamada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con la que el Cermi y Fundación ONCE tienen un marco estable de colaboración, que en el mes de mayo pasado adoptó en asamblea un acuerdo de recomendaciones para el establecimiento de una reserva de plazas de personal docente e investigador a favor de las personas con discapacidad.