Así se recoge en la Memoria Socioeconómica y Laboral correspondiente a 2016 que presentó hoy el CES. En ella, la organización detecta que en 2016 se dio una “polarización” en el empleo, con crecimientos más altos en los grupos ocupacionales situados en los extremos como son los técnicos y profesionales, y las ocupaciones elementales.

Así, indicó que la tasa de temporalidad registró casi tres puntos más que en 2013, hasta alcanzar el 26,1%, al tiempo que se redujo el tiempo parcial y el empleo involuntario, lo que lleva al CES a mostrar su “preocupación por el tipo de empleos que están emergiendo a raíz de la crisis”.

Asimismo, señala que la Garantía Juvenil “no ha tenido los resultados esperados” por la “precipitación en su puesta en marcha”, e insta desarrollar con concreción las actuaciones a realizar.

Por otra parte, resalta la “baja eficacia” en la ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo (PAE), el gasto en formación profesional y la Garantía Juvenil, mientras “se echa en falta” una evaluación de las actuaciones contempladas en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE).

En cuanto a la protección social, la organización considera que el “elevado” nivel de riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo un “problema social de primer orden” y la solución “no puede provenir exclusivamente del sistema de protección social”, sino que se requiere de un planteamiento integral de todas las políticas públicas.

Al mismo tiempo, advierte de “síntomas de debilitamiento” del sistema de protección por desempleo y ve “preocupante” que se proteja a poco más de la mitad de la población.

PANORAMA SOCIAL

En este aspecto, el CES destaca “cierta mejoría” de la situación social, por la mejora del empleo y el incipiente aumento de rentas de las familias, “aunque quedan demasiados hogares al margen de la recuperación” y los servicios públicos son el “vector de cohesión social”.

Entre los retos de mayor envergadura, apunta la sostenibilidad financiera del gasto social, reforzar la calidad de los servicios, la suficiencia de prestaciones y la eficiencia en la gestión.

Los años de crisis han dejado “secuelas sociales” que requieren compromisos, según la organización que preside Marcos Peña, y los objetivos de contención del gasto público “impone sentar prioridades claras”, por lo que es un momento “clave de inflexión” para marcar un rumbo de las políticas.

La Memoria del CES también toma el pulso a la evolución del sector inmobiliario y detecta que el acceso a la vivienda sigue “obstaculizado” por el desempleo, la temporalidad y los niveles salariales, teniendo en cuenta precios “todavía elevados”.

Asimismo, una “elevada” proporción de hogares sufren sobrecarga por gastos relacionados con vivienda, y los fondos estatales y autonómicos destinados al parque público de vivienda en alquiler son “escasos”.