Ante esta situación, la organización indicó que, lamentablemente, “aún no ha habido respuesta” por parte de las autoridades sobre esa denuncia. OCU apuntó que Vodafone no sólo no ha eliminado esas tarifas, que para la organización no se justifican pues son contrarias a la normativa de protección de consumidores, sino que ahora amplía las gestiones por las que cobrará a sus clientes 2,50 euros, incluyendo otros servicios como la solicitud de información de consumo (tanto de voz como de datos) o las relacionadas con la gestión del contestador automático.

Además, la organización indicó que Vodafone cobrará a sus clientes por cada comunicación en la que soliciten la restricción de llamadas en el móvil o de SMS Premium.

Para OCU, resulta “injustificable” este sobrecoste, que la compañía, según la organización de consumidores, pretende justificar alegando que mejorará la calidad del servicio de atención al cliente, mediante el fomento de la utilización del área de cliente (web) y la aplicación ‘Mi Vodafone’, donde el usuario sí podrá realizar dichas gestiones por sí mismo y de manera gratuita.

Como ya denunció anteriormente, OCU considera que esta decisión supone un “claro perjuicio” para los clientes, sobre todo para aquellos menos familiarizados con el uso de Internet, especialmente las personas mayores.

“Para Vodafone, la supuesta mejora en la calidad del servicio a través de la vía telefónica no se realiza tomando medidas internas, sino penalizando al cliente y desprotegiendo especialmente a determinados colectivos no usuarios de nuevas tecnologías”, denunció.

OCU cree que la utilización del área de clientes o la aplicación debería ser opcional y no estar condicionada por la existencia de una tasa “claramente ilegal”.

Además, afirmó que esta medida es contraria al artículo 21 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pues “pretende cobrar por las consultas más habituales del servicio de atención al cliente, que tiene que ser gratuito”.

Por ello, la organización instó a las autoridades competentes a que agilicen el procedimiento de la denuncia interpuesta por OCU el pasado mes de febrero por este asunto, con el fin de evitar que este tipo de sobrecostes se sigan aplicando, y por entender que el cobro por las gestiones señaladas que forman parte del servicio de atención al cliente vulnera la normativa de protección de los consumidores.