El próximo lunes el Gobierno expondrá el proyecto a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Dependencia que tendrá lugar el próximo lunes.

El Ejecutivo persigue así dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de enero de 2017, que consideró parcialmente los argumentos de la Generalitat de Cataluña, que reclama que las autonomías puedan participar en la gestión de estos fondos.

Según el Gobierno, la tramitación por urgencia, contemplada en el artículo 27.1.b) de la Ley del Gobierno, se ha debido a que el Gobierno y las comunidades han acordado, por unanimidad, que el futuro modelo de gestión del 0,7 por 100 del IRPF sea un modelo mixto (tramo Administración General del Estado-tramo comunidades autónomas), con lo que se da cumplimiento a la sentencia del Constitucional.

La urgencia para esta tramitación se debe a la necesidad de garantizar que la gestión de estas subvenciones se realice este año y que, de este modo, se asegure la atención a todas las personas en situación de vulnerabilidad que se benefician del programa del IRPF.

Este programa de subvenciones se creó en 1988 y es uno de los principales instrumentos de vertebración social y cohesión del país, destaca el Ejecutivo. Solo el año pasado se repartieron 231,29 millones de euros. Esta cantidad procede del 0,7 por 100 del IRPF de los contribuyentes que marcan la casilla 'Actividades de Interés general consideradas de Interés Social'.