La Abogacía pide como medida cautelar la suspensión del acuerdo del CGPJ para evitar que se consoliden situaciones jurídicas procesales de difícil o imposible reparación.

El Consejo General de la Abogacía considera que el acuerdo del CGPJ altera el derecho al juez predeterminado por ley reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, ya que impide que los jueces competentes con arreglo a los criterios legalmente establecidos tengan conocimiento de los litigios sobre materia hipotecaria.

El Consejo General de la Abogacía Española, reunido el pasado 1 de junio en pleno extraordinario en Granada, acordó interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo ante el Tribunal Supremo.

Los abogados de toda España han escenificaron su rechazo a la medida concentrándose en el Palacio de Congresos de Granada, donde celebran las VII Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía, y una treintena de letrados dio plantón al ministro de Justicia, Rafael Català, en el acto de clausura.

La Abogacía Española considera que el acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales. Esta medida, a su juicio, agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable.

La Abogacía denuncia que “incomprensiblemente, la medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones”. Además de “colapsar” los juzgados designados, continúa, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos.

La medida conculca, según los colegios de abogados de España, el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando además la justicia de la ciudadanía.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española exige mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria.