Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el objetivo de estas medidas "en los momentos más duros hemos protegido a los más desfavorecidos y vamos a seguir haciéndolo".

"Es un periodo en que nos hemos esforzado porque los empleados públicos recuperasen el poder adquisitivo y hemos puesto en marcha el cuarto pilar del Estado (dependencia)", aseveró De la Vega.

La vicepresidenta añadió que "es mucho lo que está en juego" y por ello el Gobierno ha pedido un esfuerzo "equitativo".

"El objetivo de las medidas es acelerar el proceso de consolidación fiscal y bajar en dos años más de cinco puntos de déficit", recordó.

El Gobierno ha decidido que el rango de bajada de los salarios se sitúe entre el 0,56% y 7%, dependiendo del grupo del trabajador.

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, explicó que la reducción que afectará a los empleados públicos son "crecientes en razón de progresividad", de tal modo que afectarán más a los que tengan un mayor salario.

EXENTOS

En concreto, los funcionarios del grupo E experiementarán una reducción en su sueldo del 0,56% citado; los del grupo C2, del 2,75%; los del grupo C1, del 4,5%; los del grupo A2, del 5,75%; y los del grupo A1 serán quienes verán mermado su sueldo en un 7%. No obstante, Salgado admitió que, debido a la "complejidad del sistema retributivo", habrá una "pequeña variabilidad" en la aplicación de estos porcentajes.

Además, los directores generales verán mermados sus ingresos un 8%, un 9% en el caso de los secretarios generales y del 10% para los secretarios de Estado y un 15% los integrantes del Ejecutivo.

Por su parte, los miembros del Consejo de Estado y órganos superiores de la Administración de Justicia cobrarán entre un 7% y 8% menos.

Según indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno ha decidido modificar el sueldo base y los trienios de los funcionarios (excepto los del grupo más bajo). Además, se reducirán los complementos específicos y de destino en un 5% (salvo un 1%, en el caso de los funcionarios del grupo más bajo).

Las modificaciones, que se empezarán a aplicar el 1 de junio, no tendrán efecto sobre la paga extraordinaria de junio (sí en la siguiente, la de diciembre).

En cualquier caso, este recorte "no afectará a la futura pensión de los empleados públicos", sostuvo De la Vega.

En lo que se refiere al personal laboral, la reducción será del 5%, quedando exentos quienes perciban menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (es decir, 949,5 euros brutos al mes).

AHORRO FISCAL

En cuanto al ahorro para las arcas del Estado, Salgado afirmó que la bajada de las retribuciones al personal público será de 2.300 millones de euros este año y de 2.200 en 2011.

La no revalorización de las pensiones supondrá un ahorro de unos 1.530 millones de euros; la dependencia de 300 millones; el retraso de la jubilación 400 millones entre este año y el próximo; el "cheque bebé" 1.250 millones y la medida que hace referencia a los medicamentos unos 275 millones este año y 1.025 millones en 2011.