Para ello, el Consejo de Ministros respaldó hoy un real decreto que traspone la Directiva 2013/55/UE del Parlamento y del Consejo europeos, encaminada a facilitar el establecimiento temporal en otros países de trabajadores comunitarios.

Su objetivo es reforzar el mercado interior y la libre circulación de profesionales mediante un reconocimiento más eficaz y transparente de las titulaciones. También busca ganar eficiencia económica y operativa con el fin de beneficiar a profesionales y autoridades competentes, así como aligerar las cargas administrativas vinculadas al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

Según lo previsto en esta norma, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte será el centro de asistencia del sistema en España, y estará encargado de coordinarse con las administraciones competentes en cada sector profesional y de realizar un seguimiento de los casos particulares. Cada Estado habrá de contar con su propio centro de asistencia.

Dichos centros ofrecerán información sobre la legislación nacional que regula las profesiones y su ejercicio, la legislación social y, en su caso, las normas deontológicas.

La TPE establece además un mecanismo de alerta mediante el que se recoge la obligación de avisar -por propia iniciativa- a las autoridades competentes de los demás Estados miembros sobre los profesionales que ya no están autorizados a ejercer su profesión.

Aunque el sistema recoge la obligación para los ciudadanos de disponer de los conocimientos lingüísticos necesarios, se prevé que la comprobación de la competencia lingüística se efectúe, una vez llevado a cabo el reconocimiento de sus cualificaciones, antes de que el trabajador empiece a ejercer en el Estado miembro de acogida (en particular en el caso de las profesiones con implicaciones para la seguridad de los pacientes).