Tras haberse realizado estos días una prueba testifical propuesta por el Cermi, la sala de lo contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional tendrá que decidir si el acuerdo impugnado se ajusta o no a la legalidad, ratificándolo o, en su caso, declarándolo nulo.

La prueba, planteada por el Cermi y aceptada por el tribunal, consistió en el testimonio de una mujer con discapacidad, a la que se le ha reconocido la situación administrativa de dependencia, y a la que se le preguntó si los criterios de copago a ella aplicables limitaban o promovían su autonomía personal.

Con ello, se trataba de demostrar que el acuerdo de copago podía vulnerar la Ley 29/2006 por no adecuarse a la finalidad de promoción de la autonomía personal, por castigar especialmente a las personas en situación de dependencia que obtienen ingresos a través del ejercicio de una actividad laboral. El acuerdo, a juicio del Cermi, puede, por estas razones, “desincentivar la vida activa y participativa, yendo en contra del objetivo de la máxima autonomía de la persona”.

Además, el Cermi ha impugnado el acuerdo de copago por un aspecto formal, al exigir la Ley que esta materia fuese regulada por una norma reglamentaria (real decreto), y finalmente haber sido establecido en un acuerdo del Consejo Territorial, que no tiene el rango de norma reglamentaria de desarrollo de una Ley.