Aunque la iniciativa ya está registrada, Ciudadanos no dispone de cupo para someterla al primer trámite parlamentario, la toma en consideración, hasta el siguiente periodo de sesiones, a partir de septiembre.

Se trata, según explicó Rivera, de un "cambio histórico" en el modelo de Fiscalía, que lleva treinta años dependiendo básicamente del Gobierno de turno, y que obedece a una creciente preocupación de los ciudadanos ante los casos de corrupción.

Los grandes partidos que han defendido ese modelo, dijo, pueden sumarse a ese cambio o explicar a los ciudadanos "que quieren seguir controlando al fiscal general" y que solo defienden el "quítate tú para ponerme yo".

Con esta propuesta, el mandato del fiscal general pasa de cuatro a seis años, para romper así el vínculo con la legislatura y el cese automático con el cambio del Gobierno.

La experiencia requerida para optar a ese cargo pasaría de 15 a 25 años para garantizar así que se trata de una persona "absolutamente respetada" y que accede por una especie de meritocracia.

Dado que la Constitución dice que el fiscal general es propuesto por el Gobierno y Ciudadanos no quiere entrar en una modificación de la Carga Magna, mantienen esa premisa pero introducen un "filtro" para que tenga que contar con el visto bueno de dos tercios del pleno del Congreso de los Diputados.

Ciudadanos, explicó Rivera, ha querido despejar toda posible duda de inconstitucionalidad, y por eso han evitado también la fórmula de que el Parlamento o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponga una terna, porque en ese supuesto sí podría haber dudas de inconstitucionalidad. Incluyen, además, un trámite de comparecencia del candidato a modo de audiencia en la que los parlamentarios puedan interrogarle sobre todo lo que consideren conveniente para determinar su idoneidad.

APLICACIÓN INMEDIATA

Esa misma mayoría de dos tercios del pleno del Congreso podría acordar el cese del fiscal general por incurrir en incumplimiento de sus funciones, siempre que así lo proponga una quinta parte de los diputados. La propuesta incluye una disposición transitoria de forma que, una vez en vigor, el Gobierno tendría tres meses para proponer a un candidato que se sometería a ese procedimiento. Por tanto, quien ocupara el cargo en ese momento tendría que someterse a esa ratificación para continuar.

Ciudadanos ha incluido también en la propuesta que las instrucciones desde el Gobierno al fiscal general y de este a los fiscales tenga que ser siempre de carácter general, nunca sobre casos concretos, y en todo caso por escrito.

Rivera cree que con esa regulación "no habría caso Moix ni caso Catalá" porque no habría habido posibilidad de dar indicaciones de forma verbal.

Otra de las propuestas es que la Fiscalía tenga autonomía presupuestaria, como otros organismos constitucionales, de forma que no esté sometida a "premio o castigo" de los gobiernos de turno a través de los Presupuestos Generales del Estado. Además, los ascensos de fiscales tendrían que contar con el consenso del Consejo Fiscal y no aprobarse solo por mera jerarquía.

Rivera se mostró dispuesto a escuchar otras posibles medidas pero subrayó que las propuestas en esta reforma "son imprescindibles" para poner "punto y final" a una etapa en la que se ha visto "con normalidad" la politización de la Justicia.

Aunque buscarán apoyo de otros partidos, Rivera dejó claro que la propuesta es de Ciudadanos porque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no es "la persona más indicada" para liderar una reforma de la Fiscalía.