Callamard indicó que “las violaciones del derecho a la vida, por lo general, han sido entendidas como asesinatos de funcionarios del Estado”, y subrayó que los gobiernos deben prestar “una mayor atención” al papel que desempeña el género cuando las personas son privadas arbitrariamente de su derecho a la vida.

En este sentido, añadió que ha llegado el momento de “reconocer que los homicidios relacionados con el género, como la violencia doméstica, los asesinatos por honor o los asesinatos de personas gais, lesbianas o transexuales también pueden equivaler a ejecuciones arbitrarias”.

"El hecho es que el género juega un papel absolutamente central en la predicción de la capacidad de las personas para disfrutar de sus derechos humanos en general y su derecho a la vida en particular. Es un predictor extraordinariamente exacto del disfrute de las personas del derecho a la vida. La misoginia persiste en todos los niveles de la sociedad”, apostilló.

Callamard apuntó que hay evidencia inconfundible del riesgo desproporcionado de las mujeres de sufrir daño y violencia porque las estadísticas mundiales muestran que casi el 50% de las mujeres víctimas de homicidios en todo el mundo son asesinadas por familiares o parejas íntimas, en comparación con un 5% de los hombres en estos casos.

"Cuando se agrega a otros factores como raza, etnia, religión, clase, discapacidad u orientación sexual, el género es fundamental para determinar el riesgo y la previsibilidad del daño, incluyendo los asesinatos", recalcó la relatora especial de la ONU.

El informe detalla tasas extremas de violaciones del derecho a la vida perpetradas contra mujeres y niñas con discapacidad, mujeres indígenas y personas transexuales, entre otras.

También indica que las violaciones del derecho a la vida basadas en el género provienen no sólo de actos intencionados, sino también de la falta de condiciones y ser vicios básicos que garanticen la vida, como el acceso a la alimentación, el agua, los servicios de salud y la vivienda.

"Esta negligencia, que puede atribuirse directamente a la falta de respeto por el principio de no discriminación, también puede conducir a la muerte y equivale a una privación arbitraria de la vida. El derecho a la vida no es sólo cuestión de derechos civiles y políticos, sino también de derecho al desarrollo y de derechos económicos, sociales y culturales", concluyó.