Así lo explicó Rumí tras reunirse con los representantes de UGT, CCOO y CSI-F en el marco de la mesa general de la función pública, para presentarles las líneas maestras del real decreto que aprueba esta tarde el Consejo de Ministros.

Rumí, quien no aclaró si el recorte afectará también a los empleados de empresas públicas ni tampoco dio detalles sobre el porcentaje de recorte que tocará a cada grupo, sí aseguró que la bajada salarial se aplicará a los funcionarios de todas las administraciones: central, autonómica y local.

Señaló que la rebaja se empezará a aplicar en la nómina de junio y continuará en el resto de pagas de 2010, así como en la extraordinaria de diciembre. Quedará exenta del recorte la paga extra de junio. Además, el sueldo seguirá congelado en 2011.

La representante del Gobierno, quien justificó la falta de más detalles en el hecho de que éstos serán concretados en el decreto”, defendió que “la disposición al diálogo del Gobierno se ha puesto de manifiesto desde que se anunció la medida”.

Por su parte, los representantes sindicales (el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda; el presidente de CSI-F, Domingo Fernández, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul) reprocharon a Rumí los pocos detalles sobre el decreto que les han sido comunicados.

Asimismo, los sindicatos reiteraron su intención de impugnar el decreto y calificaron la reunión de esta mañana de "burla", ya que aseguraron que desde el Gobierno se les ha remitido "a escuchar la radio esta tarde". También mantienen la convocatoria de huelga para el 8 de junio.

Según Lacuerda, “ha dado la impresión de que no han sabido o no han podido terminar el trabajo que se esperaba que hoy nos iban a enseñar por lo que no conocemos ni el alcance del recorte, de que manera se llevará a cabo o con que intensidad”.

En la misma línea, Fernández denunció que el Gobierno no ha cumplido el trámite de audiencia con este decreto ya que “no han dado a conocer lo que se va a aprobar hoy y hemos salido más confusos de como entramos”.

Asimismo, Fossoul tachó la reunión de “absoluta burla al derecho de negociación colectiva” y afirmó que “el Gobierno se ha metido en un bucle por dictados externos que no van a suponer ninguna ayuda a la reducción del déficit”.

Por último, Rumí explicó que el Gobierno convocó hoy la mesa de la función pública porque así lo exige el estatuto básico de los empleados públicos, que establece que se garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés publico se produce una alteración sustancial de las circunstancias económicas que puedan suspender o modificar el pacto o acuerdo ya firmados para salvaguardar el interés público para lo que El Gobierno tendrá que informar de las causas de la suspensión del acuerdo.