Con motivo del 50º aniversario de la ocupación israelí de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza tras la Guerra de los Seis Días (1967), Amnistía ha lanzado una nueva campaña para pedir a los Estados de todo el mundo que prohíban la entrada en sus mercados de bienes producidos en los asentamientos y que impidan que sus empresas operen en los asentamientos o comercien con bienes producidos en ellos.

“Durante décadas, el mundo ha permanecido impasible mientras Israel destruía hogares de palestinos y expoliaba sus tierras y recursos naturales para obtener beneficios. Mientras que la economía palestina lleva 50 años paralizada como consecuencia de unas políticas abusivas, se ha desarrollado en los asentamientos una pujante actividad empresarial de muchos millones de dólares a costa de la represión sistemática de la población palestina”, manifestó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

Shetty añadió que, "50 años después, la mera condena de la expansión de los asentamientos por Israel no es suficiente", por lo que "ya es hora de que los Estados adopten medidas internacionales concretas que pongan fin a la financiación de unos asentamientos que son en sí mismos una infracción manifiesta del derecho internacional y constituyen crímenes de guerra”.

Amnistía Internacional señaló que cada año se exportan internacionalmente productos de los asentamientos construidos por Israel en territorio palestino ocupado por valor de cientos de millones de dólares estadounidenses, a pesar de que la inmensa mayoría de los Estados han condenado oficialmente los asentamientos por ser ilegales en virtud del derecho internacional. Con los años, empresas israelíes e internacionales también han posibilitado y facilitado la construcción y expansión de los asentamientos.

Indicó que la política israelí de asentar a civiles israelíes en territorio palestino ocupado ha dado lugar a "una infinidad de violaciones de derechos humanos, puesto que Israel ha demolido decenas de miles de viviendas y propiedades palestinas y ha causado el desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos".

Además, señaló que muchas familias fueron expulsadas de sus casas y tierras con el fin de despejar la zona para la construcción de asentamientos. Al menos 100.000 hectáreas de terreno palestino han sido objeto de apropiación ilegal para uso exclusivo de los asentamientos.

Recalcó que Israel ha asumido ilegalmente el control de los recursos naturales palestinos, como agua, terrenos de cultivo, canteras y minerales, y los ha desviado para beneficiar a las industrias de los asentamientos en la producción de productos agrícolas, materiales de construcción y bienes manufacturados que a menudo se exportan al extranjero.

Al mismo tiempo, señaló que ha impuesto restricciones arbitrarias que privan a la población palestina de acceso al agua, la tierra y otros recursos que les son propios, además de su uso, y añadió que, con ello, ha limitado su progreso económico y vulnerado sus derechos económicos y sociales

Así, recalcó que en toda Cisjordania se han desarrollado infraestructuras conexas a los asentamientos, incluidas carreteras “sólo para colonos”, que han dividido pueblos y localidades palestinas y limitado gravemente la capacidad de circular libremente de los palestinos, y que Israel ha mantenido durante casi 10 años "un bloqueo ilegal por tierra, mar y aire" sobre la Franja de Gaza, dejando a dos millones de personas encerradas en una zona que abarca menos de la mitad de la superficie de la ciudad de Nueva York.

“Una de las tragedias de estos 50 años de incesantes violaciones relacionadas con la ocupación es que el mundo se ha acostumbrado a los niveles escandalosos de opresión y humillación que soporta la población palestina a diario en los territorios ocupados”, indicó Shetty.

Por ello, Shetty se preguntó: "¿Cómo pueden seguir permitiendo los Estados que se respalde económicamente una política de asentamientos intrínsecamente cruel, discriminatoria y criminal que permite a los colonos israelíes vivir en tierras robadas, en casas con piscina y césped con riego automático, mientras las comunidades palestinas que viven a sus puertas son privadas de acceso a electricidad o agua potable en grado suficiente para cubrir sus necesidades básicas?”.

Shetty aseguró que, mediante la prohibición de la importación de los productos de los asentamientos y la adopción de leyes y normas que impidan a las empresas operar en los asentamientos israelíes, "los gobiernos de todo el mundo tienen la oportunidad de obrar un cambio real en la vida de millones de palestinos que llevan soportando injusticia, indignidad y discriminación desde hace decenios".

PETICIÓN A ESPAÑA

Por otro lado, Amnistía Internacional en España lanza una nueva ciberacción en su web 'www.actuaconamnistia.org' para pedir al Gobierno que, en coherencia con su posición política de condena de los asentamientos israelíes, prohíba la entrada en España de productos producidos allí y que impidan a las empresas nacionales operar o comercializar bienes de los asentamientos.

Múltiples resoluciones de la ONU aprobadas a lo largo de varias décadas han confirmado que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional. La más reciente fue la resolución del Consejo de seguridad de la ONU aprobada en diciembre de 2016, que pedía a Israel el cese de todas las actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados. La resolución pedía, asimismo, a todos los Estados que establecieran una distinción, en todas sus relaciones, entre el Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967.

"El mundo ha sido testigo del precio terrible de 50 años de pasar por alto graves violaciones de derechos humanos y la expansión incesante de los asentamientos ilegales", comentó Shetty, quien agregó que los Estados "deberían empezar imponiendo una prohibición internacional sobre los productos de los asentamientos y un embargo integral de armas sobre Israel y los grupos armados palestinos, y poner fin a la impunidad por los crímenes cometidos durante décadas a través de investigaciones genuinas de la Corte Penal Internacional, entre otras cosas". "No se puede condenar a la población palestina a seguir soportando la opresión y la injusticia durante otro medio siglo", concluyó.